Pretenden que no sea necesario publicar los llamados a licitación y adjudicación en el Boletín Oficial. También el gobierno impulsa la emergencia administrativa y tecnológica.
LA PLATA (Corresponsalía)- Luego de la aprobación de la Cámara de Diputados bonaerense de la Emergencia en Infraestructura para “facilitar y acelerar” los plazos de contratación de empresas para obras públicas, la gobernadora María Eugenia Vidal envió al Senado dos nuevos proyectos para declarar la Emergencia Administrativa y la Tecnológica para mejorar los contratos de bienes y servicios y adquirir tecnología por más de 1.000 millones de pesos.
El primer proyecto que avanzó en la Legislatura fue girado al Senado el miércoles para su revisión. Se trata de una autorización a los ministros y directores de organismos autárquicos de la provincia a ejecutar obras y contratar la provisión de bienes y servicios bajo cualquier modalidad sin los controles comunes establecidos por ley.
Entre otras cosas, ya no será necesario publicar los llamados a licitación y adjudicación en el Boletín Oficial. Tampoco será necesario que las empresas estén previamente inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores. También se podrá rescindir contratos existentes o renegociar precios por hasta el 35% del monto original.
Además, los organismos de control de la Constitución tendrán hasta 7 días hábiles para emitir dictámenes, vistas e informes. Y en caso de que no remitan nada en ese plazo el Gobierno podrá entender que no hubo objeciones.
De ser sancionada por el senado provincial, la declaración de emergencia durará un año pero la gobernadora María Eugenia Vidal podrá extender la morigeración de requisitos por un año más.
El diputado marplatense de Cambiemos, Maxi Abad, consideró que la medida “es necesaria debido a la urgencia que tiene el tema infraestructura” y destacó “la libre competencia entre empresas que brindan el mismo servicio y pujan por el monto de la inversión, lo cual hace que se puedan bajar los costos”.
Tecnología y administración
Ahora, el Gobierno impulsa la emergencia administrativa y tecnológica por un año para acelerar los procedimientos para la provisión de bienes y servicios “necesarios para poner en marcha la provincia”.
Según el Ministerio de Coordinación y Control de Gestión “en el gobierno de la provincia de Buenos Aires no hay un solo contrato de provisión de bienes y servicios que funcione de manera eficiente”. Para la nueva administración todo se agravó por la demora en la sanción del presupuesto y la enorme deuda con los proveedores.
“La organización de la administración pública provincial tiende a que todos los procesos burocráticos sean muy lentos e ineficientes, lo cual dificulta aún más la situación”, expresaron. Las normativas que rigen son antiguas y no están adaptadas a los tiempos que corren. Por ejemplo, la ley por la cual se rigen las compras públicas es de 1971, indicaron.
Además, como no reconocen la inflación los contratos no pueden contemplar ninguna cláusula de actualización de precios, aseguraron. “Esto provoca que se acorte el horizonte temporal de las contrataciones y que los precios sean superiores desde el inicio”, subrayaron. Los plazos actuales de las licitaciones “son inviables: 6 meses para bienes y servicios y entre 9 y 11 meses para obra pública”.
Además criticaron que en el siglo XXI esta provincia sigue manejando todos sus trámites en papel. “Se registran cientos de miles de expedientes por mes, algunos se hacen en carretilla, situación que lentifica cualquier proceso administrativo”.
Por otra parte, y “más grave aún” es la situación de tecnologías y sistemas, por lo cual el Gobierno propicia una declaración exclusiva de emergencia para este rubro.
“La provincia tiene un déficit de 1.000 millones de pesos en infraestructura tecnológica. Esto se traduce, por ejemplo, en no tener un sistema de liquidación de sueldos unificado (hay 25) o bien en que los tres organismos encargados de llevar las cuentas de la provincia (Contaduría, Tesorería y Economía) no tengan un sistema de administración financiera integrado, sino que cada uno lleva el suyo y se comunican vía CD o disquete”, ejemplificaron.
Una vez sancionada la ley, el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública será quien ejecute la compra de bienes y servicios. La misma deberá estar fundada en la emergencia y deberá ser informada a una Comisión Bicameral creada por la normativa.
Modernización
Por último, se envió otro proyecto de modernización administrativa para incorporar mecanismos de atención ciudadana y participación por internet y la creación de una ventanilla única de trámites para todos los servicios del Gobierno provincial.
Habrá información de gestión pública, firma electrónica y digital, digitalización de documentos y procesos administrativos y compras electrónicas.