Lo anunció Alejandra Ayek, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Y recordó que el gremio está a la espera de otras resoluciones judiciales.
En medio de la controversia entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante por las demandas presentadas ante la Suprema Corte de la provincia, la secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Alejandra Ayek, anunció que la Justicia dictó una medida cautelar a favor de restituir la forma de cálculo de la bonificación docente.
Ayek aseguró en su cuenta de Facebook que el jueves el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 dictó una medida cautelar “indicándole al Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon que debe dejar sin efecto tres artículos” del decreto 2272/18, que modificó la forma de cálculo de la bonificación especial docente.
Según la dirigente gremial, el gobierno de Carlos Arroyo debe “proceder a liquidar la bonificación especial docente como lo hacía antes del dictado de ese acto administrativo”.
“El juez establece como tiempo de ejecución de esta medida cautelar un año, por considerar que es tiempo suficiente para dictar la resolución de fondo”, agregó Ayek, y contó que este sábado informaron sobre la medida en una reunión del STM.
Ayek recordó que el 28 de febrero el gremio, con el patrocinio de sus abogados, presentó “19 expedientes en los Justicia Contenciosa Administrativa solicitando la nulidad” de ese decreto del Ejecutivo Municipal contra la bonificación percibida.
Esos expedientes entraron en tratamiento en dos juzgados diferentes: el N° 2, que se pronunció, y el N° 1. “Nos mantenemos a la espera de lo que determine el Juzgado N° 1 para el resto de los expedientes. Sin duda, este es un primer paso en el camino hacia la devolución de un derecho vulnerado. Un verdadero logro, producto de la acción gremial y la unión de todos los trabajadores municipales”, celebró la gremialista. Y agregó: “Continuemos juntos y participando con compromiso en cada acción que determinemos alimentado esta lucha”.
En la semana había trascendido la nueva presentación ante la Corte Suprema del Ejecutivo para que se considere inconstitucional la ordenanza aprobada por insistencia en la que se restableció el cálculo original.
Esa ordenanza fue suspendida por el máximo tribunal provincial “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.