Por Jorge Raventos
El oficialismo rifó esta semana muchos atributos de la personalidad que forjó a lo largo de una paciente trayectoria. “Y lo peor de todo, sin necesidad”, para usar la línea de Carriego. La imgen del Congreso rodeado por centenares de efectivos de seguridad cuando estaba por discutirse la llamada “reforma previsional” (en rigor, poco más que un cambio en el criterio de actualización de las jubilaciones) dibujó el último jueves una imagen “muy poco Pro”. O muy poco Cambiemos.
Desafiando su proclamado gradualismo, el gobierno había querido cambiar el paso para aprobar una ley que afectaría notoriamente los ingresos de los jubilados (y de los receptores de subsidios sociales) sin contar con suficiente consenso. Para eso había forzado un anticipo en la fecha de tratamiento del proyecto (que venía con el voto de la Cámara Alta) y, en lugar de aguardar, como estaba acordado, hasta la próxima semana, lo introdujo para el jueves 14, con el argumento reglamentario de una sesión especial. Lo hizo estimulado por el favorable paso del proyecto por la comisión respectiva, donde el oficialismo sumó el respaldo de diputados peronistas. Pero la prisa le hizo desperdiciar una semana de oportunidad para ampliar los acuerdos.
Un asunto sensible
Desde el inicio estaba claro que el proyecto tenía un punto vulnerable. En esta columna se puntualizó a principios de noviembre que “si bien el Presidente señaló que los primeros que tienen que ceder un poco son los que tienen más poder, cuando su mensaje comenzó a desagregarse, quedó claro que la principal fuente de disminución del gasto fiscal a la que apunta el gobierno es el sistema jubilatorio. Una fuerte expectativa de ahorro (100.000 millones de pesos) estaría depositada sobre los cambios que el gobierno propicia en el criterio de movilidad de los haberes jubilatorios (…)El ahorro fiscal más sustancioso que se propone el gobierno se produciría a costa de jubilados, pensionados y subsidios sociales. En ese punto no parece cumplirse el enunciado presidencial de que deben ceder sobre todo los que tienen poder”. Los financistas de ese “ahorro” son más de diez millones de personas de los sectores más desfavorecidos del país.
Según destacados especialistas, la nueva fórmula de actualización propuesta por el gobierno en su proyecto de ley le ocasionaría a un jubilado que gane el haber promedio (10.000 pesos por mes), una pérdida anual de 6.000 pesos en 2018, por comparación con lo que cobraría con la fórmula vigente.
Con el aliciente de una reforma fiscal que las provincias estimaron conveniente, el Poder Ejecutivo había obtenido el acuerdo de la casi totalidad de los gobernadores. Los perjudicados directos no fueron consultados. Por su parte, la CGT, vocero indirecto de los jubilados, había tomado distancia del proyecto.
El mismo mensaje llegaba desde otros orígenes que no podrían ser confundidos con intenciones facciosas. La Iglesia cordobesa, por caso, pidió a los diputados de la provincia que no votaran la reforma. Los prestigiosos juristas Félix Loñ y Daniel Sabsay, próximos al oficialismo, objetaron la constitucionalidad de la norma propuesta que, al modificar derechos retroactivamente, de aprobarse sin modificaciones prometía un horizonte de alta litigiosidad.
La opinión pública en vivo y en directo
La enorme y pacífica manifestación de las organizaciones sociales que tuvo lugar el miércoles 13 debió haber constituido una señal de alarma para el gobierno. Después de esa clara demostración de oposición a la reforma de parte de los sectores más vulnerables, cualquier mirada políticamente sensible podía comprender que no alcanzaría el acuerdo del Poder Ejecutivo con los gobernadores para asegurar la aprobación del proyecto. El protagonismo social estaba enviando un mensaje inequívoco a los representantes para que no dejaran pasar la reforma sin modificaciones importantes.
Si la opinión pública, expresada a través de los medios de comunicación y las redes, ejercen habitualmente una presión sobre las decisiones políticas, en momentos de tensión, la acción directa de la sociedad hace lo propio desde las calles, con gran intensidad, y puede modificar comportamientos. ¿No ocurrió acaso eso con la gran movilización del campo en 2008? ¿No hubo entonces presión directa sobre legisladores en sus pueblos? ¿No llegó esa presión social a determinar el voto del vicepresidente de Cristina Kirchner, el radical Julio Cobos?
El gobierno de Cambiemos no estaba atendiendo a la situación: se miró excesivamente el ombligo. Pasar el proyecto por la Comisión de diputados fue un triunfo sobrevalorado. Más significativo para la Casa Rosada había sido, en cambio, el logro de disciplinar a Elisa Carrió que, intuitivamente, había prometido no respaldar una medida que perjudicara a los jubilados pero que luego retrocedió, aparentemente convencida por un escrito del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Con la obediencia de la Coalición Cívica garantizada, y la promesa de los gobernadores de que “sus” diputados apoyarían, el oficialismo decidió “ir por todo” y aprobar la ley el jueves 14.
Pero el jueves la situación era distinta. La calle ya se había expresado.
Resulta curioso que muchos comentaristas y voceros periodísticos que hasta hace poco se quejaban de que el Congreso fuera “una escribanía del Poder Ejecutivo” se rasguen ahora las vestiduras porque muchos diputados de provincias no “obedecieron” a sus gobernadores. ¿Reclaman acaso otro tipo de escribanía? Exigen, quizás, que simétricamente Elisa Carrió “obedezca” a Mauricio Macri? Se trata de expresiones que, así estén disfrazadas de análisis político, revelan más bien ignorancia ofuscada.
Por cierto, no se trata de que los gobernadores hayan perdido su influencia, sino de que su mando no está en condiciones de superar ciertos límites. Buena parte de los diputados enrolados en el peronismo constructivo había comprendido que hay mandatos sociales que no pueden violarse. Así los gobernadores hubieran aceptado pagar ese precio a cambio de una reforma fiscal que las provincias consideran positiva, la sociedad y el propio movimiento obrero peronista resistían la ley tal como estaba.
En verdad –como muy pronto lo volvería a demostrar Elisa Carrió- en sectores del propio oficialismo existía esa convicción.
Fue ese cambio de atmósfera el que determinó que el oficialismo tuviera dificultades para lograr el quórum: el clima externo se transmitió al recinto de la Cámara. En algunos casos, de modo descomedido y desaforado. Era previsible que la oposición dura –kirchnerismo, izquierda- tratara de capitalizar ese clima por todos los medios. Pero fue la suficiencia oficialista ante las circunstancias y su decisión de no abrir la discusión para ampliar los consensos lo que permitió que una minoría decidida y organizada mostrara más peso e influencia de la que tiene en la realidad.
Por otra parte, tampoco cabe la indignación por el uso del quórum como instrumento de la pulseada política. Es una recurso clásico que se emplea en todos los parlamentos del mundo, no sólo –como suponen voces más alteradas que informadas- “en este país”.
Terquedad e ingenuidad
En rigor, es probable que haya habido una mezcla de obcecación e ingenuidad en el oficialismo: ingenuidad, por no imaginar que los sectores más intransigentes de la Cámara iban a tratar a cualquier costo de sacar partido de las debilidades del gobierno (¡y llegar con un quórum insuficiente es una debilidad extrema!).
Obcecación: por no haber buscado a través de oportunas modificaciones del proyecto una ampliación del consenso, que habría dado satisfacciones a la oposición constructiva, hubiera garantizado un quórum amplio y hubiera neutralizado cualquier intentona facciosa, aislando efectivamente a sus gestores.
El resultado fue que el oficialismo debió dar marcha atrás en el recinto: decidió suspender la sesión. Con todo el gasto político insumido (incluyendo la presencia activa en las calles de miles de agentes de seguridad), ¿la habrían clausurado si hubiese tenido efectivamente el quórum, como alegaron algunos de sus voceros? La suspensión puede haber sido una muestra de prudencia. Pero la prudencia no exime del fracaso.
La marcha atrás incluyó otros elementos: la doctora Carrió rompió el consenso del oficialismo y señaló que su partido proponía “un agregado” al proyecto, con una suma, “por única vez” para compensar la pérdida en los haberes. Luego se sabría que Carrió había obtenido esa concesión unos días antes y que ella se mantenía en secreto “para no generar expectativas”.
Ahora el gobierno ha abierto esa propuesta, que probablemente resulta un argumento para convencer a los diputados remisos a dar quórum, pero no es una fórmula legítima de empalme entre el sistema que incluye el proyecto y el que está actualmente en vigencia, no da solución al hecho de base de que la fórmula de actualización sigue modificando retroactivamente derechos y, como advirtieron Loñ y Sabsay, mantiene su condición de generadora de litigios contra el Estado.
De todos modos, en términos políticos, ¿valía le pena llegar al precio que se ha pagado por no haber dialogado y accedido oportunamente a algún acuerdo de esta naturaleza? Carrió seguramente sacará en conclusión que su desobediencia original era más lùcida que la disciplina sorda al ruido de la calle.
Con la platea de fondo de la reunión de la Organización Mundial de Comercio, el gobierno, quiso ir por todo y con su obstinación insensible le entregó el escenario a sectores que tienen más experiencia en esa conducta. Las imágenes y los hechos del jueves, la violencia facciosa y la reacción de las fuerzas de seguridad, golpean la paciente edificación gradualista y dialoguista de la que el gobierno venía jactándose.
Consensuar para aislar a los violentos
Si el miércoles 13 podía suponerse que, más allá de las turbulencias de tránsito determinadas por la gran demostración de las organizaciones sociales , se llegaba a fines de año en un ámbito de marchas y reclamos que no excluían la tranquilidad social, la sesión de Diputados del jueves provocaría una conclusión diferente.
El balance que intentó el jefe de gabinete con sus declaraciones de mediados de la tarde del jueves no sirvió para mejorar los resultados. Su respuesta constituyó un el intento de reiterar los términos que habían conducido al fracaso en las horas anteriores y habían frustrado allí la intención reformista. Culpar de la derrota a aquellos sectores que son definidos como fronterizos del sistema es una coartada débil: ¿no cabe esperar conductas semejantes de esos sectores? El problema no es cómo actúan los malos, sino cómo se agrupan y construyen sus defensas los buenos.
Las preguntas que debió haber contestado el funcionario eran otras: quién y cómo le hizo el campo orégano a esos sectores, por qué no se intentó ampliar los consensos en el campo parlamentario (no sólo entre el Ejecutivo nacional y los ejecutivos provinciales). Y qué pasos había que dar para salir de ese pequeño Waterloo, recomponer esta reforma y salvar la reforma fiscal.
Las danzas y contradanzas alrededor de un decreto de necesidad y urgencia (firma, trascendido periodístico, tweet de Carrió tomando distancia, marcha atrás de la Casa Rosada, trascendido de que se lo conserva “en reserva”) ha sido otro daño autoinfligido. El intento de un gesto de autoridad cuando no se necesitan gestos, sino actos.
A la fuerza, ahorcan: aunque los defectos de la suma compensatoria que ahora promete el gobierno ya han sido enumerados, incorporar esa carta y haber dialogado con los gobernadores y también con diputados del peronismo del interior es una corrección práctica y abre la chance de que el lunes 18 haya sesión, se consiga el quórum y finalmente Diputados complete la sanción de la llamada reforma previsional.
Será un logro. Pero un logro que resultó carísimo por insensibilidad política. Por no admitir disidencias y matices en la plataforma de la política y por no consolidar con amplitud el nuevo sistema político que garantizó la gobernabilidad desde el crepúsculo del kirchnerismo , ha reactivado el peso de la calle. Por empujar a la polarización con la encarnación del pasado y apostar a la división opositora, fortalece indirectamente al extremismo y se queja de que sus socios políticos estén fragmentados.
En ocasiones anteriores el gobierno se envaneció de su capacidad de autocrítica. Es tiempo de volver a ponerla en práctica.