Hasta ahora era una pauta de conducta del Ejecutivo. El proyecto aprobado sostiene que no cumplir será considerado una "falta grave". Parte del bloque de Acción Marplatense se abstuvo y puso el foco en la gestión del gobierno de Arroyo en la materia.
A un año de su presentación, el proyecto elaborado por el Departamento Ejecutivo que obliga a los vecinos a cumplir con la separación de residuos en origen fue aprobado el jueves en la sesión del Concejo Deliberante.
La iniciativa también establece otras medidas que buscan favorecer a la disminución en la generación de basura.
Con 18 votos a favor -pertenecientes al interbloque Cambiemos, Frente Renovador y el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti-, la propuesta fue sancionada favorablemente y comenzará, en los próximos meses, a transitar por el camino de su reglamentación y posterior puesta en vigencia.
Quienes no brindaron su visto bueno y decidieron abstenerse fueron los concejales de Acción Marplatense Claudia Rodríguez, Alejandro Ferro y Marcelo Fernández.
Los tres ediles, bajo la argumentación de Rodríguez, expusieron fuertes críticas al gobierno en lo que respecta a la gestión de residuos sólidos y expresaron su voluntad de devolver el proyecto a comisiones.
Es que según plantearon, la iniciativa, no expresa cómo serán implementadas sus disposiciones ni de qué forma éstas serán controladas por la autoridad de aplicación, en este caso, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).
Vale destacar que el cumplimiento de la norma comprende a generadores domiciliarios y comerciales y, de acuerdo el texto, quienes no respeten las pautas cometerán una infracción que será considerada como una “falta grave”.
Según se desprende del proyecto convertido en ordenanza este jueves, “todo generador de residuos sólidos urbanos y asimilables tiene la obligación de realizar la separación inicial selectiva de los mismos en origen” y “adoptar medidas tendientes a disminuir su cantidad”.
De esta manera, el texto deja expresada la conversión de lo que hasta el momento era una pauta de conducta (separar en bolsas verdes y negras, según el tipo de residuo) en una obligación.
Además indica que los vecinos de General Pueyrredon deberán colocar sus residuos “con las indicaciones de tipo, modo, tiempo y lugar que establezca la autoridad de aplicación para su recolección domiciliaria diferenciada”.
Y el texto aclara: “Cualquier violación a la presente disposición se considerará falta grave”.
Los contenedores
Entre las dudas surgidas tras la aprobación de la medida, surge el interrogante sobre qué deben hacer los vecinos una vez que cumplan con la separación de los residuos dentro de sus domicilios.
El plan de manejo original preveía que la obligatoriedad recién se aplicaría una vez que la Municipalidad comprara contenedores diferenciados, los instalara en la vía pública y la empresa de recolección pusiera en servicio nuevos camiones especiales para transportar la basura.
Sin embargo por ahora nada de eso existe. La contenerización, para la cual ya había disponible un crédito internacional concedido durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti, fue cancelada ni bien asumió el intendente Carlos Arroyo.
Además la puesta en servicio de camiones para realizar una recolección mecánica tampoco prosperó debido a que, por razones presupuestarias, el actual gobierno también decidió suspender ese requisito en el contrato que firmó con la empresa Transportes 9 de Julio.
¿Separación garantizada?
La sanción de la nueva norma se produjo en el marco de fuertes conflictos entre los trabajadores del sector y la gestión de Arroyo, lo que ha llevado, incluso, a interrumpir en varias ocasiones la disposición final y recolección de residuos en la ciudad.
Con la licitación para ampliar el predio aún parada, sin campañas de concientización en la materia e informes desfavorables de órganos competentes, sancionar la obligatoriedad de la separación en origen y calificar una infracción como una “falta grave” hace al menos ruido en algunos referentes de la oposición, que insisten que las medidas en esta cuestión deberían formar parte de una “política integral”.
Entre las razones esgrimidas por los concejales que solicitaban el retorno del expediente a comisiones está el informe del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en el que se intima al municipio, en base a una inspección llevada a cabo el pasado 17 de septiembre, a realizar los trabajos incumplidos durante el 2016 y lo que va del 2017, a fin de no dañar el ambiente y la salubridad de la población cercana.
El informe -al que tuvo acceso LA CAPITAL- especifica que no se han realizado las obras necesarias para asegurar el funcionamiento del relleno sanitario y que la autorización dada en 2017 para que los recuperadores puedan entrar a la zona de operación del predio ha traído como consecuencia que se altere su normal funcionamiento además de poner en riesgo la vida.
Por otra parte, señalaron que el proyecto de obligatoriedad estaba siendo tratado sin aún contar con la convocatoria a licitación para ampliar el espacio disponible en el predio y a entregar nuevamente el servicio en concesión, ya que el contrato con la empresa Tecsan vencerá, con su última prórroga posible, el 31 de diciembre.
Así las cosas, los ediles también aprovecharon para destacar la falta de voluntad de la actual administración para elaborar campañas tendientes a educar al ciudadano en la materia y promover la separación en origen voluntaria y consciente.
Si bien la normativa aprobada prevé campañas de difusión y educativas, los detractores del proyecto advirtieron irónicos: “En dos años no hicieron nada y ahora se acuerdan”.
En este sentido, los concejales de AM pidieron este jueves, sin éxito, que el cuerpo legislativo devuelva el proyecto a comisiones con el objetivo de agregar ciertas condiciones que garanticen la correcta separación y tratamiento de los residuos desde el inicio del proceso hasta el final, en el centro de disposición. “El Estado no hace su parte, pero quiere obligar a los vecinos”, indicaron.
Minimizar los residuos
Además de “prohibir” la disposición de residuos a cielo abierto o en sitios que no se encuentren habilitados por el municipio y la combustión de los mismos, la medida también expone como principal objetivo promover disminución en la generación de residuos en la ciudad.
Según se señala en el proyecto inicial, “a través de programas educativos y de concientización destinados a toda la comunidad de residentes y turistas”, se buscará fomentar la separación de residuos en origen, considerándola como “una de las vías fundamentales para el cuidado del ambiente”.
También se pretenderá “promover la separación, compostaje o biodigestión de residuos orgánicos, reducir los impactos negativos que los residuos pueden producir en el ambiente, erradicar microbasurales a cielo abierto y promover el desarrollo de planes de inclusión social que generen mejoras en las condiciones de vida y trabajo de los recuperadores y sus familias”.