Las restricciones que pueden afectar a los padres varones pueden ser de derecho -cuando existe una decisión judicial que así lo determine- o de hecho.
Jueces, abogados y especialistas coincidieron en señalar que una madre separada o divorciada “no tiene forma” de impedir el acceso del padre a sus hijos, salvo que exista una orden judicial expresa que así lo disponga.
Los abogados especializados en cuestiones de familia y violencia de género explican que las restricciones que pueden afectar a los padres varones pueden ser de derecho -cuando existe una decisión judicial que así lo determine- o de hecho, que es el caso en que las madres esgrimen distintas excusas para impedir el contacto entre el padre y los hijos.
El primer caso, el de la restricción judicial, se da cuando existen causas por violencia o abuso, tanto contra la madre como contra los menores.
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal I de La Plata Carlos Rozanski, expresó una opinión crítica respecto a “ciertas organizaciones de padres” que denuncian impedimentos de acceder a sus hijos: “en general encubren a hombres violentos, muchas veces acusados y procesados por abusos de sus hijos”.
“Cuando se impide judicialmente el acceso de un padre a un hijo es porque hay sobradas razones”, agregó el magistrado.
“Cuando un padre es violento o abusador, lo más lógico es que -para proteger a los menores- se restrinja el acceso o se lo envíe a la cárcel”, agregó.
Por su parte, el psiquiatra especializado en vínculos familiares Enrique Stola, explicó a Télam que el impedimento a un padre para ver a sus hijos “generalmente es por hechos de violencia, sobre la mujer o sobre la mujer y los niños; o por abuso sexual. Muchos de estos hombres le pegan a la mujer, pero dicen que no les pegan a los niños. Lo cierto es que los niños padecen estrés post traumático igual como si le hubiesen pegado”.
En la vereda opuesta se ubican agrupaciones de padres como la que lidera Gerardo Manghi, que viene denunciando lo que considera “el negocio de la obstrucción de vínculos a través de las falsas denuncias”.
“Somos un grupo de padres, que sufrimos la obstrucción de vínculo con nuestros hijos y que llevamos años sin poder verlos”, expresó Manghi en un comunicado, al tiempo que continúan difundiendo en circuitos no tradicionales el documental “Borrando a Papá”, en el que denuncia “el sistema judicial que borra a los padres en forma sistemática y obstruye los vínculos familiares por rédito económico” y “los prejuicios de la Justicia y de algunos profesionales, que hacen de la exclusión paterna una decisión automática ante las primeras denuncias de una madre”.
El documental fue estrenado en 2014, en media docena de salas de la capital y el interior del país, pero una orden judicial impidió que se pudiera seguir proyectando. El juez civil de Buenos Aires Guillermo Blanch fue quien dispuso la prohibición hasta tanto se eliminen de la película tres testimonios de profesionales entrevistados. La medida cautelar fue presentada por la médica María Cristina Ravazzola, la abogada Hilda María Radrizzani y la psicóloga Susana Tesone, que plantean enfoques contrarios al que sostiene el documental.
El productor del filme Gabriel Balanovsky -cuya historia es una de las seis de la película-, dijo que “es imposible borrar esos testimonios sin desvirtuar el documental” razón por la cual consideró la medida como “un acto de censura”.
Pero más allá de los casos de violencia o abuso que derivan en exclusiones judiciales, existen también los impedimentos “de hecho”, los casos en que una madre pone excusas para que el padre no vea a los hijos. Los especialistas coinciden en que estas situaciones de impedimento suelen durar poco tiempo. Es que no solo el “arsenal” de excusas tiene sus límites, sino también que el padre tiene la posibilidad de presentarse ante un juez y reclamar el inmediato acceso a sus hijos. Este tipo de reclamos -coinciden fuentes judiciales- se resuelven rápidamente.
Un caso paradigmático de este último tipo de impedimento, que contribuyó a visibilizar la problemática fue el de Ricardo Biasotti, ex marido de la actriz Andrea del Boca.
En el año 2007, Del Boca fue procesada y sufrió un embargo de sus bienes por haberle impedido a Biasotti que tuviera contacto con su hija.
El juez correccional Alejandro Litvack dictó la medida por considerar que Del Boca violó el primer artículo de la ley 24.270, que establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes”.
En el caso de los progenitores de niños menores de 10 años, como era el caso de la hija de Del Boca por aquel entonces, la pena oscila entre los seis meses y los tres años, aunque la actriz nunca perdió su libertad por tratarse de un delito excarcelable.
Litvack había dictado en principio la “falta de mérito”, pero las sucesivas apelaciones de Biasotti acabaron con la condena de la actriz.