Así lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Durante la causa se logró acreditar que en el barrio de La Perla nueve mujeres eran sometidas por un matrimonio y su hijo, quienes se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad.
Una familia compuesta por una pareja y su hijo irá a juicio oral por someter a la prostitución a nueve mujeres en propiedades del barrio La Perla.
El juez federal Santiago Inchausti dispuso el pasado 19 de abril la elevación a juicio de una causa donde se investiga el delito de “trata de personas” con fines de explotación sexual, con relación a víctimas oriundas de Argentina y Paraguay, y en clara situación de vulnerabilidad social.
Durante la instrucción logró acreditarse que una propiedad de España al 900 de Mar del Plata funcionaba un bar y wiskería, donde se comprobó el funcionamiento de un prostíbulo conocido como “La Casita Verde”. Allí, las mujeres resultaban sometidas al ejercicio de la prostitución.
Los imputados cuyas situaciones fueron elevadas a juicio oral eran los dueños y encargados de los lugares investigados y quienes coordinaban las actividades que en los mismos se llevaban a cabo.
Según la causa, estaban a cargo de “La Casita Verde”, como era conocida el lugar. También se investigó a los acusados por regentear el “Bar Azzero” y “El Hotel”, sito en Chacabuco 3800.
Los imputados son Roberto Raúl Castro, su esposa Rosa Perla, y el hijo de ambos, Horacio Darío Gutiérrez Castro, quien tenía a su cargo la seguridad del lugar.
De acuerdo al testimonio de las víctimas, la familia les retenía el 50 por ciento de sus ganancias a cambio del uso del inmueble.
Además, quienes vivían en el lugar desde 2008 -cuando comenzó la investigación judicial-, debían abonar una suma en concepto de alquiler de la habitación. En tanto que algunas de las mujeres rescatadas señalaron que les cobraban $10 diarios en concepto de limpieza y por los avisos publicitarios, debiendo cada una de las mujeres llevar preservativos y papel absorbente.
Otras refirieron abonar $5, y entre 7 y 8 mensuales, por el servicio de televisión por cable.
Conforme lo especificó el juez Inchausti, el sometimiento era extremo, debido a que varias de las víctimas carecían de educación formal y se hallaban en clara situación de vulnerabilidad económica y social.