Aseguran que las declaraciones de los funcionarios sobre la Zona Roja tienen como fin “congraciarse con su electorado”. En este marco, denunciaron también represión y amenazas por parte de las fuerzas de seguridad.
Trabajadoras sexuales repudiaron en las últimas horas declaraciones del intendente Guillermo Montenegro y de la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, en relación a la nueva Zona Roja y, en este marco, denunciaron que, desde que se puso en marcha la ordenanza que regula la oferta de prostitución en la vía pública, sufren represión y amenazas por parte de las fuerzas de seguridad.
“Repudiamos los dichos del intendente Montenegro (PRO) y de la Vicegobernadora Magario (FDT), quienes se manifestaron públicamente sobre la nueva Zona Roja para congraciarse con su electorado”, señala un comunicado firmado por la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, el Colectivo FUEGA y la Red de Personas Viviendo con VIH.
En este sentido señalaron que “el intendente celebra que haya habido pocas denuncias de vecinos y se autofelicita por la cantidad de controles nocturnos que ha habido en la zona de Luro y Champagnat” y agregaron que “como siempre, la variable con que Montenegro mide su éxito tiene que ver con la represión y el apartheid de las personas más vulnerables en este conflicto, que son las y les trabajadores sexuales”.
Si bien no precisaron cuáles son las declaraciones de Magario que repudian, cabe recordar que la vicegobernadora declaró días atrás en una entrevista con LA CAPITAL que la Zona Roja “no es algo que se pueda legislar a nivel municipal” y consideró que hay que “erradicar estos trabajos y sustituirlos por otros”.
“Hay que darles la posibilidad de trabajar en otras cosas, nosotros tenemos que generar otro tipo de trabajo para este sector”, sostuvo la ex intendenta de La Matanza.
Mientras tanto, las trabajadoras sexuales aseguraron que durante el fin de semana les realizaron “actas a todas las que aminoraron la marcha y dejaron de caminar en alguna esquina”.
“Allí en cuestión de minutos son abordadas por patrullas que las obligan a seguir caminando bajo amenaza de levantarles una infracción. El supuesto delito: oferta de sexo en la vía pública, fuera de zona”, aseguran.
En este marco, se preguntaron “cómo se puede catalogar a una conducta tan espontánea en cualquier ciudadana o ciudadano como estar parado en una esquina”.
“¿Qué determina que esa postura sea oferta sexual? ¿La ropa? ¿La cantidad de tiempo? ¿Que la persona sea trans o travesti? Repudiamos las expresiones donde cunda la presunción de prostitución basada en la identidad de género de las personas”, señalaron.
Trabajadoras sexuales protestaron frente a la comuna.
Seguidamente, reconocieron que “esta semana no hubo cientos de actas de infracción sino solo nueve”, pero consideran que esto se dio “no porque las trabajadoras sexuales hayan optado por obedecer una norma anticonstitucional que las expulsa a una zona de la ciudad entre el cementerio y el basural, con una enorme desprotección y con la dificultad de acceso para los clientes”, sino porque “hubo poca asistencia a la zona donde se establecen contactos para trabajar, porque muchas decidieron cuidarse de no tener que enfrentarse a la policía”.
“Algunas procuraron esta semana trabajar con clientes de quienes ya tienen contacto telefónico o por aplicaciones”, precisaron pero alertaron que esta situación no puede extenderse en el tiempo y que “las trabajadoras como cualquier otra persona, necesitan trabajar”.
“La informalidad de este trabajo al no ser reconocido como tal, hace que sea privativo alquilar en condiciones normales. La mayoría de las trabajadoras sexuales transgénero viven en hoteles cuya tarifa diaria es muy alta. Algunas tienen personas a cargo. Tenemos temor de que la situación se agrave mucho en términos de violencia”, manifestaron.
Asimismo, cuestionaron: “¿Cuánto falta para que haya muchos episodios de violencia policial, como los hubo la semana pasada?” y lamentaron que pasaron “días dolientes” en que tuvieron que acompañar a sus pares a “denunciar violencia física ejercida en las inmediaciones de Luro y Champagnat en las calles donde no hay cámara, a veces por personal policial de civil”.
“Esta semana estamos recurriendo a organizaciones de derechos humanos evaluando cómo responder las infracciones constatadas en actas municipales y acompañando a Fiscalías y a Asuntos internos de las fuerzas para denunciar la violencia”, adelantaron.
Por último, solicitaron “empatía de la sociedad en este momento de extrema vulnerabilidad donde el intendente se jacta solamente de que hay pocas denuncias y no conduce ninguna política pública hacia las personas más afectadas por este conflicto”.