La fiscalía se opondrá a la solicitud de sobreseimiento e internación de la defensa de Gustavo Arrativel porque entiende que debe resolverse en un juicio si es inimputable.
El fiscal Juan Pablo Lódola a cargo de la investigación del incendio de la distribuidora Torres y Liva solicitará que no sea una resolución de la Justicia de Garantías si no un tribunal de primera instancia quien determine si el acusado Gustavo Arrativel es inimputable y requiere de una internación.
La semana pasada la defensora oficial Victoria Sosa había interpuesto ante la jueza Rosa Frende un pedido de declaratoria de inimputabilidad tras recibir los informes de los peritos psiquiátricos que evaluaron la condición mental de Arrativel. Con ello también la defensa entendió que, además del sobreseimiento, deberá dictarse una medida curativa de internación en un centro especializado.
El fiscal Lódola se opondrá a ese pedido no tanto por estar en desacuerdo con la facultad que tenía Arrativel para comprender la criminalidad de sus actos sino porque exige que se efectúe un juicio para determinarlo. Es decir que la oposición de Lódola sería por el procedimiento y no por la cuestión de fondo.
La nueva reforma del Código Procesal Penal señala que si un acusado es inimputable y requiere una medida curativa de internación quien debe definirlo es el instrumento del juicio.
Arrativel está acusado de ser quien inició el fuego en un medidor de luz de la distribuidora ubicada en Rivadavia al 3600 el 15 de diciembre. Tres días después fue detenido y Lódola reunió prueba que consideró suficiente para imputarlo. La Justicia de Garantías, al dictar la prisión preventiva, también avaló la imputación. Sin embargo, estaban pendientes los estudios psiquiátricos que se realizaron a fines de enero y que aseguraron que Arrativel no pudo haber comprendido la criminalidad de sus actos. Previo a eso se había informado sobre el impedimento que suponía su condición mental para afrontar el proceso judicial.
Esas dos etapas (cuando sucedió el incendio y cuando se lo procesó judicialmente) coincidieron en el carácter de inimputable de Arrativel, pero ahora debe ser un juez quien lo determine de manera definitiva.
El fiscal Lódola dice que solo lo puede hacer un tribunal y la defensa de Arrativel, la Justicia de Garantías.
Lódola no quiere dejar ningún cabo suelto en una causa extremadamente sensible y primero responderá al pedido de la defensa de Arrativel oponiéndose. Luego -en caso de que la jueza Frende rechace lo solicitado por la defensa- Lódola agregará prueba en dos sentidos antes de terminar la investigación: para reforzar los fundamentos psiquiátricos negativos y para reforzar que la imputación es contundente.
En el primer aspecto, se sumará un informe del último psiquiatra que atendió a Arrativel antes de producirse el incendio. En el mes de noviembre el imputado fue atendido en el HIGA e incluso recibió una medicación, lo que demostraría su psiquis alterada.
En cuanto a la acusación, Lódola solicitará a la Justicia de Garantías que autorice una pericia caligráfica para afirmar que los manuscritos hallados en poder de Arrativel y que sugerían una intención de incendiar Torres y Liva los había escrito él.