por César Ventimiglia
En febrero de 2019, este diario publicó una nota de nuestra autoría en la que expresábamos preocupación, ante el aumento de la frecuencia de femicidios.
La situación ha empeorado, la convivencia obligada por la cuarentena, si bien es efectiva para combatir el contagio del Covid 19, ha generado ámbitos propicios para la multiplicación de hechos de violencia de género.
Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año, según el observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, se registraron 117 femicidios en nuestro país, prácticamente uno por día, con un incremento de casos muy significativo desde el inicio del confinamiento hasta la fecha, que impulsó a un grupo de legisladoras porteñas a solicitar presupuesto y recursos específicos, con el fin de abordar la violencia de género como pandemia dentro de la pandemia.
La creación del Ministerio de la Mujer tanto a nivel nacional como provincial , contribuye a la visibilización de esta temática. Aplaudimos las importantes campañas de divulgación sobre los postulados de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer y que la Ley Micaela, de Capacitación y Sensibilización de los funcionarios públicos, haya sido aprobada en todas las provincias, es necesaria la difusión permanente para consolidar este cambio cultural. Pero es imprescindible que las buenas intenciones de las políticas públicas, se traduzcan en acciones concretas con soluciones prácticas, pues tenemos la obligación de utilizar todos los recursos existentes para prevenir adecuadamente el flagelo del femicidio, con nombre y apellido, aquí y ahora. Insistimos en que las políticas de seguridad deben expresarse en su carácter preventivo, actuar antes, porque una vez consumado el delito, solo queda –en el mejor de los casos- el castigo penal a su autor, ya que el aspecto punitivo , no devuelve la vida a la víctima.
En nuestro municipio, a las víctimas de violencia de género que efectuaron denuncia, se les entrega -por orden judicial- un denominado botón anti pánico que emite una señal de alerta con el reclamo a viva voz y se recibe en el Centro de Operaciones y Monitoreo . Existe también una aplicación desarrollada por técnicos municipales, que una vez instalada instalada en el celular de la víctima emite una señal de alerta que llega al COM, pero carece de la posibilidad del audio. Estos mecanismos son de eficacia relativa, porque no impiden el acercamiento del agresor a la víctima.
Actualmente la tecnología nos brinda una herramienta muy efectiva que es la tobillera dual, un dispositivo electrónico de localización geográfica que se le coloca al denunciado y “dialoga” con un receptor en poder de la víctima, cuando el agresor se acerca a una distancia de 700 metros, emite una alarma inmediata al COM, al 911 y a la víctima, lo que posibilita anticiparse y conjurar el riesgo.
Este instrumento está funcionando en varios municipios de la Provincia de Buenos Aires, como San Martín, Pilar, La Plata, Hurlingham, San Isidro, San Vicente, General Rodríguez, San Miguel, Morón, Quilmes, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Chivilcoy y Laprida y también en algunas provincias. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba se le colocó el dispositivo al ex boxeador conocido como “La Mole” Moli, demostrando en todos los caso su efectividad total, no se registrándose más agresiones. Se salvaron vidas.
Nuestra municipalidad tiene en su poder 10 (diez) dispositivos de tobilleras duales, que fueron entregadas por autoridades del Ministerio de la Mujer de la Provincia, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la ciudad de La Plata. Oportunidad en que además se llevó a cabo la capacitación a las autoridades invitadas, para su correcta utilización. Tenemos diez dispositivos (vacunas) para usar inteligentemente.
¿Quién se hace cargo de solicitarlas? , es decir ¿Quién le pone el cascabel al gato?, utilizando un proverbio popular que se adapta casi literalmente.
Inicialmente, el pedido debe formularlo el Poder Judicial, solicitando la tobillera dual al Ejecutivo Municipal, por intermedio de sus jueces de familia, penal o del Ministerio Público Fiscal. Además, será necesaria la intervención de la Jefatura Departamental de Policía para su instalación, mantenimiento y monitoreo por personal con perspectiva de género.
Pero es fundamental la decisión política que coordine entre los diferentes funcionarios del Estado, para que no se produzcan demoras o trabas burocráticas que dificulten el trabajo en equipo. Los operadores deben contar con toda la información, no pueden existir compartimentos estancos, la base de datos de los agresores denunciados debe ser común a todas las instituciones: Comisaría de la Mujer, Dirección Municipal de la Mujer, Juzgados de Familia, Juzgados Penales, Fiscalías, Defensorías. Seguramente se podrá comenzar con la colocación del dispositivo a aquellos agresores que representan inminente o grave riesgo para la víctima, aun cuando éstas posean el botón de pánico, porque, insistimos, el botón no impide el acercamiento del agresor.
Tomando prestado el léxico médico con el que nos familiarizó el Covid 19 podemos afirmar que tenemos identificados: a) población de riesgo (las mujeres denunciantes), b) el virus (los agresores denunciados) y c) la vacuna (la tobillera dual).
Además, continuando con la terminología médica, consideramos imprescindible que los poderes públicos consulten al “comité de expertos” conformado por los colectivos de la sociedad civil dedicados a Mujeres, Géneros y Diversidad, que desarrollan sus tareas desde la perspectiva de género constituyendo la avanzada en el cambio cultural que se está gestando en nuestra sociedad.
Es importante resaltar nuevamente las diferencias entre el botón antipánico y la tobillera dual, el primero no impide el acercamiento del agresor, el segundo lo detecta a 700 metros, esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Tenemos el diagnóstico preciso y disponemos de la vacuna para el tratamiento adecuado, por lo tanto, estimamos que están dadas las condiciones para implementarlo. Es una oportunidad para evitar femicidios. No la desperdiciemos.