Desde la reapertura de los procesos fueron condenadas 1187 personas. Si bien la mayoría de los personas vinculados a estos procesos los transita en libertad, hay 642 detenidos, de los que 508 permanecen en arresto domiciliario. Hay 13 juicios en curso y 70 causas esperan su arribo a esa etapa.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que se dictaron 326 sentencias y que los condenados por crímenes de lesa humanidad son actualmente 1.187 desde la reapertura de los procesos y la realización de los primeros juicios en 2006, mientras que la cantidad de absueltos asciende a 190.
La oficina especializada del Ministerio Público Fiscal que coordina la actividad de las unidades fiscales y de los fiscales federales que intervienen en estos procesos en todo el país, señaló además que actualmente existen 391 personas procesadas y 482 imputadas, al tiempo que sobre 157 se dictó falta de mérito, 102 fueron sobreseídas y 76 esperan la resolución de su situación procesal tras haber sido indagadas.
En este marco, continúan abiertas en etapa de instrucción 281 causas y otras 70 se encuentran a la espera del inicio del debate, mientras que en la actualidad se están celebrando 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones del país.
Por otro lado, la Procuraduría relevó la información relativa a la forma en que las personas investigadas transitan estos procesos: actualmente, hay 1.484 personas en libertad mientras que 642 permanecen detenidas. Las cifras revelan la separación sostenida de ambas variables que esa oficina registra desde 2015. En tanto, otras 34 personas permanecen prófugas. El número de personas fallecidas vinculadas a estos procesos asciende, desde 2006, a 1.586.
En este contexto, la mayor parte de las personas detenidas, 508 en total, corresponde a quienes cuentan con arresto domiciliario. Mientras tanto, 78 permanecen en establecimientos penitenciarios y 56 transitan la prisión en la denominada Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el ámbito de la guarnición militar de Campo de Mayo y que, por esa particularidad, la procuraduría especializada no considera una institución penitenciaria.
Juicios históricos en Mar del Plata
Gustavo Demarchi.
El exfiscal federal Gustavo Demarchi y otros dos acusados fueron condenados a la pena de prisión perpetua en el marco del primer juicio a civiles de Mar del Plata por ser parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización apuntada por cometer delitos de lesa humanidad previos a la última dictadura cívico-militar.
Gustavo Demarchi recibió la pena de prisión perpetua como coautor de la asociación ilícita y coautor de los homicidios conocidos como “cinco por uno”, que tuvo como víctimas a Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorque Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, y la privación ilegítima de la libertad y posterior asesinato de María del Carmen Maggi.
Demarchi murió en febrero de 2021 a causa del Covid, mientras cumplía con su condena a perpetuidad, pero con el beneficio de la prisión domiciliaria.
Demarchi contaba con 74 años y había sido juzgado por su responsabilidad al frente de la agrupación peronista de ultraderecha de los años ’70. Se lo consideró coautor de 6 homicidios perpetrados a mediados de la década del ’70, 5 de ellos cometidos el 21 de marzo de 1975 en la sangrienta “Noche del 5×1”. En esa madrugada, como venganza del crimen de Ernesto Piantoni ocurrido el día anterior, por entonces líder de la CNU en Mar del Plata, fueron asesinados Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg.
Según lo que pudo reconstruir la Justicia más de 40 años después, Demarchi había asumido la dirección de la agrupación y encabezó la masacre desde la no investigación de los hechos. Demarchi además fue condenado por la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica María del Carmen “Coca” Maggi, y por el delito de asociación ilícita. Maggi fue secuestrada el 9 de mayo de 1975 y sus restos aparecieron el 23 de marzo del año siguiente.
La primera sentencia desde el aislamiento obligatorio
Juez Roberto Atilio Falcone.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata fue el encargado de imponer la primera condena por crímenes de lesa humanidad tras el aislamiento obligatorio ordenado por el por entonces presidente Alberto Fernández durante la pandemia del covid.
Se trató del caso conocido como “Subzona 15” y en el juicio fueron condenados a perpetua 28 genocidas por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Además, los jueces dictaron también condenas de entre 7 y 25 años de encierro a otros 7 imputados en este expediente, en tanto cinco acusados fueron absueltos.
El tribunal, integrado por Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava condenó a 35 ex integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, Prefectura y la Policía.
De las 272 víctimas de este caso, 133 se encuentran aun en calidad de desaparecidas, 28 fueron encontradas asesinadas y 111 lograron ser liberadas tras haber sido detenidas ilegalmente. En este juicio, los casos de 97 de ellas llegaron por primera vez a un debate oral.
Los condenados a cadena perpetua fueron Virton Modesto Mendiaz, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Julio Cesar Fulgencio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Raúl Azcurra, Policarpo Vázquez, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Carlos María Robbio y Justo Alberto Ignacio Ortíz.
También, Eduardo Carlos Frías, Alfonso Eduardo Nicolás, Roberto Mario Blanco Azcarate, Luis Héctor Bonanni, Raúl César Pagano, Osvaldo Gaspar Siepe, Néstor Ramón Eduardo Vignolles, Héctor Eduardo Vega, Fortunato Valentín Rezzet, Carlos Alberto Suárez, Hugo Ernesto Pabón, Alcides José Cerutti, Oscar Ramón Gronda, Alfredo Raúl Weinstabl, Ernesto Davis y Raúl Enrique Pizarro.
En tanto que Juan Eduardo Mosqueda fue sentenciado a 25 años de prisión; Ariel Macedonio Silva a 22 años; Gonzalo Gómez Centurión a 12 años, Cesar Enrique Martí Garro y Miguel Ángel Domingo Parola 10 años; Carlos Arturo Mansilla y Juan Carlos Aiello a 7 años de prisión.
Por ultimo, fueron absueltos Eduardo Carlos Isasmendi Sola; Juan Roberto Contreras; Silverio Abel Cortez; Juan Tomás Carrasco y Juan Alberto Rincón.
Condenan a los hijos de un represor por delito de lavado de activos
El alcance del daño de los crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar todavía horrorizan se por la crueldad o por la codicia. Este año, el Tribunal Federal de Mar del Plata condenó a Marcelo Leonardo, María Natalia, María Eugenia y Ana María Save, hijos del genocida Miguel Save quien fuera integrante de la llamada “Patota de Aníbal Gordon” por el delito de lavado de activos y deberán pagar más de 10 millones de pesos cada uno de ellos.
Además, el Tribunal ordenó que los inmuebles ubicados en Chascomús sean decomisados, y entregados a la Provincia para que la Provincia realice allí tareas vinculadas a la memoria sobre el terrorismo de Estado.
El represor Leonardo Miguel Save, integrante de la patota que dirigía Aníbal Gordon que operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”, secuestró al dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez en el marco del Plan Cóndor en 1976, le robó más de dos millones de dólares y con ese dinero, compró estos terrenos en un barrio a la vera de la laguna de Chascomús, donde intentó construir un complejo residencial exclusivo.
Tras su muerte, ocurrida en 2006, fueron sus hijos, hoy condenados, quienes continuaron con esa tarea. En el año 2008 y luego de varias maniobras irregulares, los hermanos Save pudieron escriturar las parcelas, que por decisión de la justicia, quedarán en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.
“El lavado de dinero es un delito permanente”, indicó el juez Falcone al leer el veredicto.