El juez Ercolini sostuvo que durante la investigación no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de pago de sobornos.
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una parte de la causa vinculada al caso Cuadernos que aún sigue en investigación, en relación a dos episodios de supuestos pagos de sobornos que no se consideraron probados.
“A lo largo de la presente investigación no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de dichos pagos y/o la persona/s que lo habrían/n realizado”, sostuvo el magistrado en la resolución a la que hoy tuvo acceso Télam.
Se trata de un presunto pago ilegal “realizado en el Hotel Feir ïs Park el día 29 de mayo de 2008” y de la supuesta “la entrega de dinero que se habría efectuado el día 28 de abril de 2010, procedente de Pescarmona”, una de las grandes empresas investigadas en el expediente.
Ercolini dispuso sobreseer a la vicepresidenta en ese tramo de la investigación -por la que incluso el fiscal Carlos Stornelli no había pedido su elevación a juicio oral-, aclarando en la resolución “que la formación del presente sumario en nada afectó el buen nombre y honor del que hubiere gozado”.
El juez también sobreseyó por hechos similares al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
En cambio ratificó la elevación a juicio por nuevos hechos respecto de otros ex funcionarios, entre ellos Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación.
Respecto de él, Stornelli consideró “parcialmente completa la instrucción del presente sumario respecto de los eventos detallados” y propuso la elevación a juicio de Baratta, su ex secretario Nelson Lazarte y los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Tasselli y Jorge Balán.
A Baratta le imputó ocho casos de supuesta “admisión de dádivas” y nueve de “cohecho pasivo”; a Lazarte, nueve de “cohecho pasivo”; en tanto a Dragonetti, Taselli y Balán entre uno y dos casos de “cohecho activo”.
La enrevesada redacción del fallo impide establecer la falta de concordancia de número entre quien supuestamente recibió los sobornos y quienes presuntamente los pagaron.