Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti en el marco de la causa donde se investiga una estafa al Estado por más de 100 millones de pesos.
El juez Federal Santiago Inchausti resolvió en las últimas horas procesar a dos nuevos médicos y 18 jubilados en el marco de la Megacausa Anses, donde se investiga una estafa al Estado que hasta el momento supera los 100 millones de pesos.
La decisión del magistrado complica aún más la situación judicial de los jubilados que decidieron recurrir a esta organización para conseguir de manera irregular los beneficios sociales por discapacidad que otorga el Estado. En cuando a los médicos, uno de ellos ya se encuentra detenido y sobre el otro no pesan medidas de restricción de la libertad.
Para el juez y el fiscal Nicolás Czizik, los jubilados procesados participaron de las maniobras por las que fueron detenidas cinco personas: los abogados Rubén David Cagni, Conrado Suárez, Luis Miguel Iros, el asesor Roberto Luis Balbuena y el médico Daniel Fernando Fernández (ya se encuentra con prisión domiciliaria); y tres que también fueron procesadas pero permanecen en libertad: el médico José Ricardo Caliyuri, el perito Norberto Coehlo y la contadora Daniela Livi.
Una de las grandes diferencias en la causa, es que para los investigadores los jubilados no son parte de la organización ilícita, sino que son acusados de haber participado por la estafa individual de su caso, es decir por haberse beneficiado ellos con su propia jubilación irregular.
La principal hipótesis es que estas jubilaciones fueron tramitadas de manera irregular por el estudio jurídico Organización Previsional SRL en connivencia de un funcionario de la Comisión Médica de Trabajo N°12.
Por otra parte, LA CAPITAL pudo confirmar de fuentes oficiales que Inchausti resolvió rechazar los pedidos de excarcelaciones de los abogados Cagni e Iros, un pedido de arresto domiciliario, el reclamo de nulidad de las detenciones y una nueva postergación de pericias informáticas.
La causa
La maniobra se iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –. En algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni contribuciones para ese período rectificado.
De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio jurídico Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.
Al momento hay registrados unos 130 casos de jubilaciones irregulares que, por el tiempo en que los beneficiarios llevan cobrando ese dinero, se trata de una estafa que supera los 100 millones de pesos.