Tras la decisión de provincia de rechazar el pedido de apertura de actividades de la obra privada que había elevado el Municipio. Creen que paralizar las actividades de la obra privada es un "error conceptual" porque no se realizan en espacios de contagio de Covid-19. Además, avisan sobre las consecuencias económicas.
El sector de la construcción rechazó la determinación de la provincia de no aprobar el reinicio de la actividad de la obra privada y advirtió que las medidas adoptadas supondrán un “elevado costo para los trabajadores y las empresas”.
El comunicado oficial de la Unión Obrera de la Construcción y la Cámara Argentina de la Construcción califica como un “error conceptual” haber paralizado a la industria porque el partido de General Pueyrredon descendió a fase 3, situación que “afecta a los trabajadores, empresas y toda su cadena de valor”.
Los sectores vinculados a la construcción se preguntan “sobre las valoraciones que se han hecho para tomar esta decisión que afecta gravemente nuestra actividad que, integrada, representa alrededor del 10 % del Producto Bruto Regional”.
“La industria de la construcción en su fase obra pública, nunca estuvo paralizada en ningún punto del país, aún en sectores donde los contagios adquirían proporciones alarmantes. Fue considerada actividad esencial, ya que brinda soluciones a la infraestructura sanitaria, hospitalaria, de provisión de servicios de agua y cloaca a las comunidades más carenciadas, mantiene las vías de comunicaciones, genera soluciones energéticas y abastece de soluciones de infraestructura para la integración social”, expresa el escrito firmado por César Trujillo (secretario de la UOCRA Seccional Mar del Plata) y Patricio Gerbi (presidente de la CAC Delegación Mar del Plata).
Además, se destacó la responsabilidad para el cumplimiento de los protocolos correspondientes durante la fase 4. Y estos sectores cuestionan por qué ahora se hace la diferenciación de la construcción privada con la pública, “cuando ambas se desarrollan con las mismas prácticas, el mismo recurso humano, los mismos protocolos de seguridad, sin participación de personas ajenas a las tareas, en espacios abiertos y ventilados; bajo la estricta supervisión de los representantes de los trabajadores, de los profesionales de seguridad e higiene y controlados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.
En ese sentido, se advierte: “las obras no son espacios de contagios, ya que a cada trabajador se lo testea diariamente en el ingreso y se supervisa su núcleo familiar. La enorme mayoría de los trabajadores no utiliza el transporte público con lo cual no están expuestos a ese riego. Cerrar las obras privadas estimula el trabajo informal con los riesgos que estas acciones y trabajos fuera de control y supervisión repercuten negativamente sobre el resto de los vecinos”.
Otro de los argumentos en la defensa de su postura es el económico. “Esta paralización provoca consecuencias de empobrecimiento de los trabajadores y de las empresas que ya están por debajo de su nivel de subsistencia. Los trabajadores de la construcción son actores de su propio destino: con su esfuerzo alimentan a sus familias y brindan un futuro a sus hijos. No viven del asistencialismo, sino de su trabajo. Las empresas constructoras, la mayoría de ellas en situación crítica, son espacios de inversión, de generación de valor, empleo y riqueza que se vuelca a las comunidades a las que pertenecen, generando actividad en toda su cadena de valor”, sostienen.
Por último, los sectores de la construcción a nivel local instan a las autoridades de diversos niveles gubernamentales y concejales del municipio a “adoptar una actitud realista e inteligente para evitar un mayor deterioro de la economía de nuestros trabajadores y de las empresas”