El gobierno santafesino le pide a la Justicia el reconocimiento de una deuda de más de $51.250 millones en concepto de coparticipación.
El Estado santafesino se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un nuevo reclamo contra el Estado nacional para el cobro de una deuda estimada en los 51.250 millones de pesos en concepto de descuentos indebidos de fondos de la Coparticipación Federal entre 2009 y 2015.
El retorno de la provincia ante el máximo tribunal nacional fue ordenado por el gobernador Miguel Lifschitz al Fiscal de Estado Pablo Saccone luego de que no se arribara ningún acuerdo entre la administración local y la federal sobre la orden impartida por la Corte en noviembre de 2015.
En ese momento, la Justicia reconoció como válido el reclamo santafesino e instó a las partes a ponerse de acuerdo en la forma de pago.
Con el paso de los meses, desde Santa Fe dijeron que la Nación no tuvo voluntad de llegar a un entendimiento y Lifschitz propuso una forma de cobro con un pago en efectivo y cuotas, sin éxito.
Ayer, Lifschitz adelantó que le ordenó a Saccone que “que prepare la liquidación y la presente en la Corte” y según fuentes del gobierno ese trámite se iba a cumplir en las primeras horas de hoy.
La documentación que presentará la provincia incluye el fallo de ese tribunal de noviembre de 2015, por lo que en el gobierno santafesino confían en que “en esta ocasión los tiempos necesariamente serán más cortos porque los ministros ya conocen el caso”.
Voceros del Estado provincial reseñaron que se toman en cuenta los descuentos efectuados sobre la coparticipación entre 2009 y 2015 luego de que no se extendió un pacto que se firmó en la década del 90 y a través del cual las provincias resignaban un 15 por ciento de esos montos en concepto de financiación del déficit de la Anses.
El reclamo fue presentado por el entonces gobernador Hermes Binner en 2009 y recién obtuvo opinión de la Corte a finales de 2015, cuando cesaron los descuentos.
Pero sobre la deuda no hubo acuerdo y la administración del Frente Progresista Cívico y Social resolvió su retorno a la Corte.
Desde el gobierno de Lifschitz han reiterado su queja de no haber obtenido “ni siquiera una respuesta” a su propuesta de recibir 7.500 millones de pesos en 2018 y 2019 y financiar el resto con títulos públicos a cuarenta años.
La decisión de retomar el camino judicial terminó de madurar cuando el Ejecutivo nacional envió al Congreso su proyecto de presupuesto para 2018 sin partidas destinadas a iniciar el pago de la deuda con Santa Fe.