El contador general del municipio advirtió la posibilidad de que se caigan convenios con la Nación. Y de que haya sanciones a funcionarios.
El secretario de Obras, Guillermo de Paz, y el de Economía, Hernán Mourelle.
El contador general de la administración central del municipio, Guillermo Costanzo, alertó sobre el retraso y los incumplimientos vinculados con las obras públicas y la falta de la ordenanza complementaria del presupuesto.
En su informe sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2018, que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante, el funcionario advirtió que en el caso de las obras puede caerse un convenio con la Nación y, en el de la norma que el gobierno de Arroyo se resiste a enviar al cuerpo deliberativo, puede haber sanciones a los funcionarios.
El escrito, firmado el 25 de marzo, hace un repaso de la ejecución presupuestaria del año pasado. En cuanto a las obras, puntualiza que “se ha notado un atraso en el ritmo de ejecución, motivado por distintas circunstancias (días de lluvia, demora en la entrega de materiales, falta de pago)”.
También señala que “se registraron demoras en el envío de certificados de avance de obra respaldatorios de los pagos, justificadas en problemas de carácter administrativo”.
Para Costanzo, “si bien estas circunstancias son totalmente atendibles, hubo situaciones puntuales en las que el atraso fue tan significativo que impidió la correcta registración de los trabajos ejecutados”. Puso como ejemplos la puesta en valor de las plazas de los barrios Colinas de Peralta Ramos, Termas Huinco, La Herradura y Cerrito.
Detalló que durante el ejercicio 2018 “se produjo una situación particular” respecto de la ejecución del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria para la construcción de 56 viviendas, suscripto en marzo de 2017 entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación y el municipio. “En general, se verificó el retraso en el avance de obra”, indicó, y mencionó que ya está “cumplido el plazo de doce meses para la finalización de las viviendas”.
Según Costanzo, “resulta necesario resaltar particularmente que siete de las trece cooperativas que percibieron el anticipo financiero del 20% en el mes de julio de 2017 por la suma de $ 2,371.186,27 no habían elevado, al cierre del ejercicio 2018, los certificados de avance de obra que justifiquen su inversión y cumplimiento de los plazos contractuales”.
Comentó que el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo de Paz, “justificó las demoras en el deficiente estado de nivelación y compactación de los terrenos debido a las inclemencias climáticas, y la necesidad de su renivelación, con la consecuente adquisición de 3.000 toneladas de tierra a través de la Dirección General de Contrataciones”.
Así, “se configuró una situación irregular originada en incumplimientos recíprocos tanto del municipio como de las cooperativas contratadas y, en consecuencia, el apartamiento de las condiciones establecidas en el convenio celebrado con el organismo nacional”.
Estas circunstancias “se encuentran tipificadas como causales de rescisión del convenio, suspensión del financiamiento acordado y reintegro de las sumas no invertidas, decisión que aún no fue adoptada por el Ministerio”, hizo notar Costanzo.
“Vacío legal”
El contador aseveró que “la ausencia de una ordenanza o convenio colectivo” que la reemplace “produce un vacío legal que necesariamente debe subsanarse”.
Es que el Ejecutivo se niega a enviar al Concejo la ordenanza complementaria del presupuesto, que establece las remuneraciones, compensaciones y bonificaciones del personal municipal.
“La normativa que comprende la ordenanza complementaria se relaciona con la definición de las remuneraciones del personal de los cargos electivos, del personal superior, funcionarios de ley y personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas, como así también los conceptos adicionales al sueldo básico”, explicó Costanzo.
Detalló que el artículo 46° de la de la ley 14656 establece que el escalafón y las nóminas salariales para el personal de la administración municipal “deben estar aprobados por ordenanza y convenio colectivo de trabajo”.
El envío de la ordenanza forma parte de un reiterado reclamo del radicalismo, la oposición y el Sindicato de Trabajadores Municipales. El secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, se niega a enviarla.
Costanzo recordó también las advertencias del Tribunal de Cuentas de la provincia por ese incumplimiento. “La ausencia de la ordenanza complementaria de presupuesto del año 2018 o instrumento jurídico que reemplace la misma conllevó la observación del gasto en los términos del artículo 186° de la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades) por inobservancia del artículo 126° del Reglamento de Contabilidad, por falta de normativa base”, puntualizó el contador.
“Se reitera la necesidad de solucionar para el ejercicio 2019 esta irregularidad a efectos de brindar un marco legal a las remuneraciones que abona el municipio a sus agentes y evitar así eventuales sanciones que el Honorable Tribunal de Cuentas pudiera aplicar a los funcionarios responsables”, acotó.