La decisión fue del juez Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal 4.
El tribunal oral que juzga al detenido Lázaro Báez y otros procesados por lavado de activos rechazó suspender el juicio a cambio de tareas comunitarias y pago de multa a un grupo de financistas acusados de haber contribuido a las maniobras delictivas del dueño de “Austral Construcciones”.
La decisión fue del juez Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal 4, quien resolvió negar la “probation”, suspensión del juicio a prueba, en sintonía con un dictamen del fiscal de juicio Abel Córdoba, según la resolución del magistrado. Todos serán juzgados en esta investigación que fue un desprendimiento de la causa central por la llamada “ruta del dinero K”.
Los financistas y empleados bancarios están acusados de haber participado del entramado de lavado de al menos 60 millones de dólares que, se sostiene, eran propiedad de Báez.
Para el Tribunal los hechos deben ser “ventilados en un debate oral y público, determinando las eventuales responsabilidades de las personas que han sido requeridas a juicio, en tanto la circunstancia de que alguno de ellos no llegara al mismo -en virtud de la suspensión del juicio a prueba-, podría debilitar dicho objetivo tal como lo precisara la parte acusadora, menoscabando el nivel de eficacia en el logro del compromiso asumido por nuestro país para los casos de corrupción”, consideró Costabel.
Los financistas y empleados bancarios habían ofrecido tareas comunitarias y pago de multas a cambio de no ser sometidos a juicio oral.
El Tribunal aludió a la necesidad de “ventilar probatoriamente y determinar en un juicio oral y público, y en su caso, cuáles y cómo han sido cometidas las maniobras de lavado de dinero endilgadas, mediante qué precisas maneras fueron ejecutadas y quiénes tomaron participación en las mismos, deslindando las respectivas responsabilidades”.
Los financistas fueron enviados a juicio por el juez federal Sebastián Casanello, procesados por su presunta intervención “en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para la canalización, conversión, transferencia, administración, venta, disimulo y/o puesta en circulación en el mercado, de fondos de Lázaro Antonio Báez, de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y, posteriormente, convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud”.
“Mediante complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando en cuenta el período 2010- 2011, una suma cercana a los 60 millones de dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local mediante operaciones financieras, entre las que se destaca la transacción de bonos de deuda pública Argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en las arcas de Austral Construcciones S.A”, según la acusación.
La decisión recayó sobre Martín Andrés Eraso, Juan De Rasis, José Fallas, José Jabbaz y Mariano Rubinowicz.
Todos serán sometidos a un futuro juicio oral mientras que actualmente se juzga al detenido Báez y sus cuatro hijos y otros acusados, como el financista Federico Elaskar y el “arrepentido” Leonardo Fariña, por lavado de activos provenientes de presuntos ilícitos con la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.