El 90 por ciento del presupuesto universitario se destina a salarios contra solo un 10 de lo que va para el resto de los gastos. Existen 53 universidades estatales en el país.
por Cecilia Aldini
La crisis actual en la educación universitaria, que provocó una masiva protesta, se debe, según especialistas, a “un fuerte desfasaje entre el presupuesto y las necesidades” que tiene raíces históricas.
Un total de 60 instituciones integran el sistema público universitario, el nivel de la educación que más se desarrolló en los últimos treinta años. Más allá de los modelos en pugna, desde el regreso de la democracia, la educación universitaria se instaló con masividad. Pero con esa masividad llegó también la deserción, lo que sigue siendo un desafío, señalaron autoridades e investigadores.
En la década de 1990, sólo el 19 por ciento de los estudiantes que ingresaban en una carrera se graduaba a término. En los últimos 10 años esa tasa de egreso creció al 66 por ciento.
“No se trata de una mera cuestión cuantitativa sino también de distribución del conocimiento: actualmente existe al menos una universidad nacional en cada provincia”, puntualiza Diego Rosemberg en “La universidad en democracia”, un artículo publicado por la Universidad Pedagógica (UNIPE) en su suplemento “La educación en Debate”.
Según ese informe, “ni la cantidad de alumnos ni el número de sedes dejaron de crecer desde el gobierno de Raúl Alfonsin. Si en 1983 Argentina contaba con 400.000 estudiantes universitarios, hoy esa cifra trepa a 1.700.000 y si por entonces había poco más de dos decenas de universidades nacionales hoy existen 53, incluidas las cuatro provinciales reconocidas por la Nación, más del doble; y 7 institutos universitarios”.
Hoy en Argentina, “la migración a los centros urbanos no es una condición ‘sine qua non’ para que los jóvenes puedan alcanzar un título universitario”, dice Rosemberg. “Ni las instituciones ni los docentes, acostumbrados a trabajar con las élites, estaban preparados para atender la nueva demanda”.
Durante la dictadura, la universidad fue uno de los sectores más castigados, con “represión, control ideológico y achicamiento institucional. El 21 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes, según la Conadep; también desaparecieron docentes e incluso autoridades universitarias; y muchos profesores para sobrevivir marcharon al exilio”, señala el estudio.
“A Raúl Alfonsín le tocó reconstruir una universidad arrasada. Las expectativas eran muchas y se reflejaron en la explosión de la matrícula, que aumentó el 95 por ciento, una tasa muy superior a la de las dos décadas siguientes, que alcanzaron el 58 por ciento”, señala Rosemberg.
Normalizar la universidad, restablecer la autonomía y la autarquía presupuestaria, fue el principal objetivo del gobierno de la UCR. La dirigencia de los 80 privilegió el ingreso irrestricto a pesar de la falta de infraestructura y de docentes para enfrentar el desafío. Así, mientras los inscriptos crecían exponencialmente, disminuía el presupuesto por alumno.
El gobierno de Menem cuestionó el rol del Estado en la universidad, sobre todo en lo referente al financiamiento: intentó el arancelamiento, y la obtención de recursos a través de la venta de servicios a empresas privadas. Esta política generó una fuerte resistencia de la comunidad educativa universitaria.
La cultura universitaria se basó más en premiar la producción de “papers” que en la función primaria de la enseñanza en el aula. Esa tensión se mantuvo en el tiempo.
Además, se puso en cuestión el ingreso irrestricto cuando, a través de la sanción de la Ley de Educación Superior de 1995, se estableció que, en las universidades con más de 50.000 estudiantes, cada facultad podría resolver discrecionalmente el régimen de admisión.
Las grandes instituciones gobernadas en su mayoría por el radicalismo se opusieron a la creación de nuevas universidades en territorio bonaerense y acusaron al gobierno de Menem de tomar esas medidas más por intercambios de favores políticos que por planificación educativa.
Hacia el final del mandato, Menem intentó un fuerte recorte presupuestario en educación que representaba 280 millones de pesos, que terminó con la renuncia de la ministra de Educación Susana Decibe. El ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, volvió “a la carga y anunció una poda de 361 millones de dólares, el equivalente al 20 por ciento del presupuesto universitario de 2001”, precisa Rosemberg.
Esta medida eyectó al propio López Murphy, que fue reemplazado por Domingo Cavallo, quien logró instaurar el ajuste del 13 por ciento en todas las áreas del Estado, incluida la universidad.
La crisis de representatividad de 2001 también impactó en la universidad. Luego, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el presupuesto universitario pasó de 2.168 millones en 2004 a 21.700 millones en 2012. En términos de PBI, el incremento fue de 0,48 a 1 por ciento.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se redefinió la educación superior como un derecho en vez de su caracterización como un servicio, tal como lo hacía la normativa noventista. Se crearon nueve universidades nacionales y una red de universidades provinciales.
Guillermo Tamarit, al frente del Consejo Interuniversitario Nacional, dijo a Télam que “hay que volver a la racionalidad en la distribución del presupuesto y responsabilidad a la gestión anterior de discrecionalidad”.
“El presupuesto votado fue de 51.000 millones pero será de casi 60.000 millones de pesos cuando se cierren paritarias docentes y no docentes”, dijo al calificar el sistema como sustentable y consistente, aunque cuestionó que el 90 por ciento se destine a salarios contra solo un 10 de lo que va para el resto de los gastos.
Jorge Calzoni, ex titular del (CIN), dijo a Télam que “la crisis de hoy tiene que ver con que hay un fuerte desfasaje entre el presupuesto y lo que hoy necesita una universidad para funcionar como lo venía haciendo hasta ahora. Los 500 millones de pesos que distribuye el gobierno para paliar los aumentos de tarifas no es todo lo que hay solucionar: los contratos programas y contratos carreras que no se renovaron son una muestra del impacto que tuvieron las nuevas medidas económicas”.
Télam.