La cooperativa de Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) reclama hace una semana mejoras para un predio en el que trabajan. El presidente del Ente hizo una nueva presentación judicial para garantizar el ingreso y egreso al predio. “Bajo extorsión nosotros no podemos realizar ningún tipo de diálogo”, dijo Montenegro.
En el séptimo día de protesta y acampe frente al Ente Municipal de Servicio Urbanos (Emsur) por parte de la cooperativa de Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM), el municipio realizó una nueva presentación judicial y solicitó una medida cautelar para garantizar el ingreso y egreso al predio, mientras que el intendente Guillermo Montenegro criticó al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de quien depende la cooperativa, y aseguró que “está claro que está metida la política”.
Durante la conferencia de prensa que este lunes brindó el jefe comunal en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), abordó el tema la protesta en la sede del Emsur, ubicada en Rosales al 10189, y al respecto sostuvo: “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos. Un bloqueo a los servicios esenciales que se prestan en la ciudad para los vecinos, está poniendo de rehenes a los vecinos de Mar del Plata”.
Lo que los trabajadores reclaman, básicamente, es que el municipio acondicione el predio ubicado en República del Líbano y Alberti, el cual les fue cedido en 2022, y se construya un baño y un playón que permita mejorar la operatoria del lugar.
Consultado sobre la posibilidad de encontrar un acuerdo, Montenegro sostuvo: “Bajo extorsión nosotros no podemos realizar ningún tipo de diálogo. Esto no está bien, cambió. No podemos tener de rehenes a los vecinos. Es algo concreto que tiene que ver con que no se puede desarrollar una actividad que incluso es el cuidado de la vida de los vecinos que viven en la ciudad”.
“Está claro que está metida la política, porque ustedes están viendo como están identificados y cómo se identificaban hace unos años en las 140 hectáreas que tenemos al sur de la ciudad y está claro quiénes los defienden. Y cuando uno ve las personas que están, está claro que está metida la política”, dijo en relación al MTE, que a nivel nacional conduce Juan Grabois.
En simultáneo, el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Santiago Bonifatti, realizó en las últimas horas una nueva presentación judicial (la cuarta desde que comenzó el conflicto), la cual expone que “la conducta ilícita se inició a las 7 del día lunes 22 de octubre, y continua hasta el momento, siendo el modus operandi la colocación de un vehículo propiedad de los denunciados y un camión con ploteado de Provincia de Buenos Aires al ingreso del predio y el acampamiento de los integrantes de las organizaciones denunciadas, siendo en total aproximadamente 50 personas”.
La obstrucción, señala la denuncia, se encuentra en la puerta principal de acceso al predio del Emsur, “único lugar por donde ingresan y egresan” diariamente los vehículos y trabajadores del Departamento de Higiene Urbana, del Departamento de Espacios Verdes, del Departamento de Poda, del área de Plagas y Vectores entre otros.
Mediante esta presentación, el municipio solicitó a la justicia que dicte una medida cautelar que “garantice de manera urgente e inmediata el libre ingreso y egreso de trabajadores y equipos de trabajo”.
“Privar a los vecinos de nuestros servicios constituye un delito y coloca a la comunidad toda en una situación de vulnerabilidad manifiesta, ya que el ente que presido tiene por función la limpieza de pastizales, microbasurales, mantenimiento de escuelas, limpieza de plazas, servicios de poda, y muchos otros servicios que hacen que nuestra tarea sea imprescindible para la comunidad”, sostiene la denuncia.