El gobierno ratificó al exministro para llevar a cabo esa tarea hasta el final del mandato del presidente Alberto Fernández.
El Gobierno prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hasta el 10 de diciembre de 2023 y la designación de Agustín Rossi al frente del organismo, por el mismo periodo.
Lo hizo mediante el Decreto 654/2022 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete Juan Manzur.
La norma recordó en sus considerandos que “debe profundizarse la institucionalización de los mecanismos de colaboración y cooperación con los distintos organismos del sector público nacional para la formulación e implementación de políticas y estrategias integrales capaces de producir conocimiento relevante para el proceso de toma de decisiones”.
Y que es necesario “culminar el proceso de digitalización de los archivos históricos de la Agencia, a los fines de asegurar los importantes logros alcanzados en materia de protección de los Derechos Humanos y colaboración en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”.
“En ese sentido, debe fortalecerse el ordenamiento de las bases de datos del citado Organismo e implementar y monitorear el Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia previsto en la Ley N° 25.520, afianzado la trazabilidad de la información y elevando los estándares de seguridad para preservar su integridad y disponibilidad”, aseguró el texto.
Recordó además que ” por el Decreto N° 52/19 se derogó el Decreto N° 656/16 y, con el objetivo de poner fin a las disfuncionalidades existentes en la AFI, se dispuso su intervención y la restitución del orden normativo establecido por el Decreto N° 1.311/15 y sus modificatorios, hasta tanto se pudiera definir un nuevo ordenamiento general del sistema”.
Lo que se hizo “adaptado a las necesidades de nuestra sociedad y a la consolidación de las prácticas democráticas de los servicios de inteligencia”.
Y que “se dotó a la Intervención de facultades suficientes para su desempeño, sin comprometer las importantes funciones que el organismo debía continuar desarrollando dentro del marco de un Estado democrático de Derecho y con absoluto respeto por las normas constitucionales, convencionales y reglamentarias”.