Lo hicieron desde el bloque de concejales de Unión por la Patria. "No es suficiente con derribar búnkers, una verdadera política de seguridad debe incluir también un plan de reparación social", consideraron. Buscan que el Ejecutivo ceda los terrenos involucrados a organizaciones de la sociedad civil.
El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó este lunes un proyecto de comunicación que propone el diseño de “un mecanismo de restitución social” de parcelas donde anteriormente operaban puntos de venta de drogas ilegales.
La medida, según explicaron, apunta a convertir espacios que funcionaron como “bunkers de droga” en centros de integración y utilidad social, atendiendo la necesidad de recuperación en los barrios más afectados por el narcotráfico.
A lo largo del último año, varios búnkers han sido demolidos en distintos barrios de la ciudad, sectores donde la venta de drogas y la violencia del narcotráfico han dejado una marca preocupante.
El concejal Diego García apuntó que, si bien la erradicación física de estas estructuras es importante, no es suficiente para revertir el impacto social negativo.
“La recuperación de estos espacios no debería limitarse al derribo de las construcciones. Queremos que estas parcelas se reintegren a la comunidad para que puedan convertirse en comedores, clubes deportivos o espacios de apoyo social”, afirmó.
El proyecto propone que el Departamento Ejecutivo ceda los terrenos donde se han derribado búnkers a organizaciones de la sociedad civil, tales como ONGs, clubes, comedores, o incluso a familias en situación de emergencia habitacional.
En esta última categoría, la selección de beneficiarios se haría a través de la Dirección Social de Vivienda, que mantiene el Registro Único Permanente de Demanda Habitacional.
Teniendo en cuenta diversas experiencias de otras jurisdicciones del país, el proyecto subraya la importancia de convertir activos decomisados en proyectos sociales de beneficio público.
Esto podría permitir a las comunidades afectadas reconstruir su entramado social y fortalecer su resiliencia. Según afirman desde el bloque, los barrios de General Pueyrredon donde se da esta situación, muchos de los cuales carecen de infraestructura adecuada, podrían ganar de esta manera espacios de contención y desarrollo.
“Una verdadera política de seguridad debe incluir también un plan de reparación social. No es suficiente con derribar búnkers; es fundamental que esos lugares sirvan ahora para construir comunidad y generar oportunidades donde antes hubo desolación y abandono”, sostuvo Diego García, autor del proyecto, enfatizando el compromiso de la oposición en “abordar de forma integral” la problemática del narcotráfico y sus “efectos devastadores” en los barrios de la ciudad.