El proyecto fue presentado por la Coalición Cívica, el mismo bloque que impulsa la habilitación de las apps de transporte que ya operan en el distrito. El principal argumento es que no debe sancionarse un servicio que aún no está reglamentado y por ende no es ilegal.
El bloque de la Coalición Cívica, integrado por los ediles Angélica González y Guido García, presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para eliminar las sanciones a los servicios de transporte de plataformas digitales, ya que dicha actividad “no se encuentra reglamentada” en el partido de General Pueyrredon y, por lo tanto, no estarían contemplados dentro del artículo 1º de la ordenanza nº 23928.
Sancionada en enero de 2019, la citada norma establece duras sanciones en caso de prestación de servicio de transporte de personas “sin habilitación municipal”, incluyendo en su artículo n° 3 al transporte “entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital”.
En ese entonces, bajo el gobierno del ex intendente Carlos Arroyo, la concejal Angélica González fue la única en oponerse al proyecto “antiplataformas”. Ahora, desde la CCARI proponen la modificación de este artículo, el cual sólo sanciona la actividad sin habilitación de “taxis, remises, transporte escolar, servicio de excursión, auto rural, transporte privado de personas”.
Por su parte, Guido García indicó que con la modificación buscan “terminar con la gran contradicción que produjo esta norma, que ya la concejal Angelica Gonzalez advertía en el 2019, cuando en soledad se opuso a esta ordenanza”.
Seguido, explicó que “para el resto de las actividades contempladas, existe una tramite para autorizar el funcionamiento de determinado vehículo, pero para quienes quieran hacerlo mediante aplicaciones, no existe permiso ni registro para cumplimentar. Simplemente se decidió dejar a miles de trabajadores en la precariedad y los consumidores sin libertad para elegir”.
Adicionalmente, indicó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó en el 2018 una demanda del Sindicato de Peones de Taxis contra la empresa Uber. Dicho fallo confirmó que las plataformas ‘desarrollan una actividad comercial lícita que no puede ser considerada un delito’”.
“Más allá de la cuestión jurídica, el servicio que brindan las plataformas digitales permite mayor libertad y seguridad para el consumidor. Uno conoce quién lo llevará a destino, el costo final del viaje y el tiempo estimado. Y brindan una solución concreta a los problemas de movilidad urbana y la creciente demanda de los vecinos y turistas que visitan Mar del Plata”, manifestó García.
Por su parte, la concejal Angélica González expresó que las plataformas digitales “favorecen una salida laboral o ingreso adicional muy importante en el contexto económico actual, debido a que permite la actividad en cualquier momento del día”.
En marzo de 2022, la Coalición Cívica presentó un proyecto en el que propusieron crear en el ámbito del partido de General Pueyrredón un ‘Registro municipal de prestadores de servicio de transporte de pasajeros mediante el uso de plataformas digitales’. Sobre este punto, la edil describió que “este proyecto prevé incluir a los servicios de taxis y remises para que también hagan uso de las aplicaciones, lo que implica más cantidad de viajes y mayores ingresos”.
“Lamentablemente no se avanzó en el mismo y se perdió una gran oportunidad de incluir este servicio bajo un marco normativo acorde que termine con la persecución y el castigo a quienes trabajan”, agregó González.
Finalmente, los concejales coincidieron en que “nadie se cuestiona hoy en día si es legal comprar viajes por Despegar.com o Almundo, pedir comida por Pedidos Ya o Rappi. Estas aplicaciones de tecnología intermedian entre la oferta y la demanda sobre cuestiones que antes exclusivamente hacían las agencias de viaje fisicas o deliverys particulares de restaurantes. Para el caso del transporte esto sería exactamente lo mismo, hay una intermediación entre un chofer y una persona que necesita viajar”.
“Quienes rechazan su funcionamiento velan sólo por intereses corporativos y particulares, dejando a la inmensa mayoría de la población sin el derecho a elegir cómo transportarse”, concluyeron.