El proyecto de Unión por la Patria apunta a analizar la normativa local durante dicho periodo y proponer “adecuaciones, derogaciones o modificaciones” en la misma. De esta manera, se busca garantizar “el respeto a la Constitución Nacional y a los derechos humanos”.
El bloque de Unión por la Patria (UxP) en el Concejo Deliberante propuso crear una “Comisión Evaluadora de la Normativa de Facto”, la cual tendrá por objeto analizar la legislación local que fuera sancionada durante la última dictadura militar, entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983.
En caso de que el proyecto de ordenanza sea aprobado, la comisión tendrá su propio esquema de funcionamiento. La intención es que realice un relevamiento de la normativa durante la dictadura militar y proponer “adecuaciones, derogaciones o modificaciones” en la misma, y así garantizar “el respeto a la Constitución Nacional y a los derechos humanos”.
Se prevé que la Comisión funcione como una unidad de gestión, sin que implique erogación presupuestaria. Estaría conformada por 3 representantes del Departamento Ejecutivo designados por el intendente; 5 representantes del Legislativo; 3 concejales; y 2 trabajadores del Departamento de Referencia Legislativa, Digesto y Biblioteca del Concejo.
El espacio opositor apuntó que es “procedente” una revisión de la normativa sancionada durante la dictadura. Y que, en el orden municipal, la denominación de “ordenanzas generales” nacieron en ejercicio de poderes “de facto” de los titulares del Poder Ejecutivo de la Provincia cuando, al interrumpirse el orden constitucional, “todos los órganos representativos fueron suprimidos y el gobierno provincial de facto se arrogó facultades propias de los Concejos Deliberantes”.
A su vez, UxP recordó que la Asesoría General de Gobierno bonaerense planteó que las ordenanzas dictadas en épocas de gobierno de facto por el comisionado municipal tienen validez y vigencia “con los mismos efectos que las constitucionales hasta tanto no sean derogadas por el orden constitucional subsiguiente, pero no invisten la calidad de una ordenanza”.
Este órgano, una vez que volvió el orden democrático constitucional, dejó establecido que los Concejos Deliberantes “podían modificar total o parcialmente, o derogar expresa o tácitamente, las ordenanzas generales, quedando éstas vigentes en aquellos que no lo hicieran”.
Por eso “las normas referidas mantienen su vigencia para todos aquellos municipios en los cuales no se dispuso acto alguno de modificación o derogación”. Frente a esta situación, “se hace necesario revisar, reescribir, modificar y/o derogar la normativa vigente aprobada por la dictadura cívico militar”.