A principios de marzo del año pasado, los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, sumados a la altísima y rápida contagiosidad que presenta el virus, obligaron al gobierno nacional a tomar drásticas medidas de aislamiento, con prohibiciones de circulación y de trabajo para enorme cantidad de actividades.
Aquella medida tan impactante, que debió tomarse por cuestiones estrictamente sanitarias, y que evitó, seguramente, el desastre humanitario que hemos visto en diferentes países, donde la cantidad de enfermos y de muertes desbordó los más sólidos sistema de salud, generó un daño económico sin precedentes: dejó sin ingresos, en cuestión de horas, a muchísimas empresas de distintos sectores de la economía que no fueron considerados “esenciales”, y también afectó gravemente a muchas otras que, aún siendo “esenciales”, han visto desplomarse sus ventas por la contracción generalizada del nivel de actividad.
Sin ingresos, resulta imposible afrontar los gastos. Para evitar la aplicación masiva de un instituto receptado por la Ley de Contrato de Trabajo, el DNU 329/2020 del 31 de marzo del año pasado prohibió los despidos y suspensiones sin justa causa o por falta y disminución de trabajo o fuerza mayor, con el objetivo de preservar los puestos laborales en aras de mantener la paz social. Dicho decreto, que tenía una extensión de 60 días, se ha ido prorrogando hasta el presente.
En ese contexto, la mayoría de las empresas estaban fuertemente golpeadas por las medidas de aislamiento y se encuentran imposibilitadas de suspender o despedir personal. Bajo el eslogan de “Estado Presente”, algunos sectores han recibido, como una medida de auxilio insuficiente y por pocos meses, algún programa como el ATP o el REPRO II, que han otorgado un monto de cerca de la quinta parte del sueldo de cada empleado, pudiendo ser apenas superior en algunas actividades, pero siempre inferiores a la mitad del sueldo.
Transcurridos quince meses de restricciones de mayor o menor gravedad, se mantiene la prohibición de despedir o suspender personal por falta o disminución de trabajo debido a fuerza mayor, como una pandemia de proporciones inéditas en la historia reciente, con el loable fin de mantener los puestos laborales, pero ¿quién sostiene a esas fuentes de trabajo? ¿Es el “Estado Presente”? ¿O son las empresas las que las sostienen, que en cumplimiento de dicha prohibición y teniendo en miras el fin social del trabajo, conservan la nómina de empleados, aún acumulando deudas comerciales, impositivas y previsionales? Porque, es necesario decirlo para que nadie se engañe, los programas como el ATP y el REPRO II no resuelven el problema, quienes cumplen con el pago de sueldos son las empresas, no el Estado, y lo hacen no solo resignando el beneficio que toda actividad económica busca y que hace mucho ya no tiene, sino acrecentando sus deudas. Ya lo recordaron los hoteleros la semana pasada: resulta imposible afrontar todos los pagos, las empresas privilegian los salarios y se endeudan con el resto. No se trata de rebeldía, se trata de imposibilidad por falta de trabajo.
Basta con recorrer esta ciudad, o cualquier otra, para espantarse con la cantidad de persianas bajas, con locales de escasos clientes, con actividades de funcionamiento intermitente e imprevisto (gimnasios, natatorios, cines, teatros, escuelas, transportes escolares…) y otras directamente sin funcionamiento (hoteles, agencias de viaje, salas de juego, salones de fiesta, recitales, entre otras). En 2020 el PBI ha caído un 9,9%. En el peor año de nuestra historia económica, el 2002, la caída fue del 10,9%. Nótese con este sencillo indicador la magnitud del problema.
Y en medio de este terrible panorama, la AFIP ha decidido ejercer presión sobre los contribuyentes. El traspié de hace apenas unos días, con la pretensión de cobro retroactivo a monotributistas que pagaron en tiempo y forma lo que correspondía, es un claro ejemplo: la indignación generalizada fue tan grande que el propio Presidente de la Nación tuvo que ocuparse con urgencia del tema para dar un paso atrás.
Pero esa es solo una muestra de la falta de contacto con la realidad y de la ausencia de empatía con sectores tan golpeados por la pandemia y por las medidas de restricciones que el propio gobierno adoptó. Pues por estos días la AFIP comenzó a intimar a diferentes empresas para que en pocas horas cancelen sus deudas impositivas bajo amenaza de juicios y embargos en sus cuentas bancarias. Es importante aclarar que las deudas que se pretenden ejecutar son autodeclaradas, es decir, las propias empresas informaron los montos que deben pagar, los que no han pagado por imposibilidad, por darle prioridad al pago de salarios. ¿Será que se pretende, desde el Fisco, que se dejen de pagar sueldos para pagar impuestos? ¿Será que el objetivo que se proclama de mantener la paz social es solo una declaración? ¿O de qué otra forma pueden las empresas pagar sus deudas? ¿Ejecutando a su vez a sus clientes deudores, para que así el efecto dominó termine por cerrar las empresas que hasta ahora han sobrevivido al desastre económico? ¿No querrá el Estado quedarse con las empresas? Menudo problema tendrían para gestionarlas…
La preocupación entre empresarios es creciente. Sería bueno que los políticos tomen nota del error, que reflexionen y reviertan la postura, para que esa preocupación no se traslade a los empleados, y pueda mantenerse así la tan declamada paz social.