La Agencia Nacional de Discapacidad intimó a 289 beneficiarios de General Pueyrredon a completar el trámite de actualización de certificado. Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires aseguran que los establecimientos de salud públicos no cuentan con la capacitación necesaria y que los "derechos adquiridos no pueden estar sujetos a revisión".
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires solicitó la suspensión de la medida impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad, que obliga a los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral a actualizar sus certificados médicos como condición para seguir percibiendo el beneficio económico que el Estado otorga.
Según indicó a LA CAPITAL el defensor de la delegación local de la Defensoría bonaerense, Rubén Cuevas, en el transcurso del mes de febrero, unas 289 personas radicadas en General Pueyrredon recibieron una carta documento en la que se establecía como condición para seguir percibiendo la pensión la actualización, en un plazo de 60 días -que luego fue prorrogado por 30 días más-, del certificado médico oficial.
Sin embargo, la falta de capacitación de los profesionales de la salud para determinar el porcentaje de discapacidad que tiene el paciente, sumado a las complicaciones edilicias y de recursos humanos de los establecimientos públicos obstaculiza el cumplimiento de la medida y pone en riesgo la continuidad de las pensiones para muchos vecinos de la ciudad.
“De los establecimientos habilitados, que en Mar del Plata son el Hospital Interzonal, los centros de salud municipal y el Inareps, sólo este último ha comenzado a realizar certificados médicos oficiales (o también llamados digitales) a sus pacientes, los únicos que pueden acceder a esos servicios. El Higa y Salud municipal alegan que todavía no tienen lo elementos para realizar estas actualizaciones por internet y que no han recibido aún la capacitación necesaria para los médicos”, señaló Cuevas.
El Inareps es el único establecimiento que comenzó a realizar las actualización. El problema es que sólo pueden solicitarlo ahí quienes son pacientes del lugar.
El paso del tiempo profundiza la preocupación por las complicaciones que la falta de actualización pueda tener en el día a día del beneficiario.
“La carta documento recibida establece que el no cumplimiento de la actualización en el plazo establecido en certificado médico digital implica la inmediata suspensión de la pensión por invalidez, y ahí radica la importancia de que el trámite se pueda realizar en término”, señaló el defensor.
En este sentido, desde la Defensoría bonaerense se activaron dos caminos: por un lado solicitaron la suspensión de la medida; y por otro, se asesoró a los beneficiarios para éstos puedan responder las cartas documentos y argumentar que el incumplimiento se debió a cuestiones ajenas a ellos.
“Pedimos la suspensión de la resolución porque se trata de un derecho adquirido y no puede estar sujeto a revisión”, señaló Cuevas. Además, en colaboración con los establecimientos públicos, se logró ampliar el plazo de entrega de 60 a 90 días.
“Las primeras intimaciones datan del 11 de febrero, con el plazo de 60 días ampliado por 30 días más, estarían venciendo alrededor del 10 de mayo”, agregó.
Las complicaciones en los establecimientos
Cuevas advierten que las complicaciones con las que los pacientes se encontraron al acercarse a los establecimientos públicos oficiales estaban relacionados, en un principio, con una falta de conocimiento de que dicha tarea se le había sido asignada a la institución. Más tarde se sumaron inconvenientes entorno a la falta de capacitación por parte de los profesionales de la salud, que deben indicar en el certificado el porcentaje de discapacidad que tiene cada persona; el desconocimiento acerca del funcionamiento del sistema donde el documento debe cargarse; y la falta de recursos -computadoras, señal de internet- para que cada médico complete el trámite.
Desde el Hospital Interzonal, a donde asistieron hasta el momento unas 140 solicitando la actualización, aseguraron a este medio que se encuentran “trabajando” para buscar alternativas que les permita realizar el trámite y explicaron algunas de las trabas con las que se enfrentaron desde conocida la medida.
En este sentido, la jefa de Servicio Social, la licenciada Mónica Sánchez, señaló a LA CAPITAL que “cuando la gente comenzó a llegar con los telegramas, nosotros empezamos a pedir información y el 25 de febrero tuvimos una reunión en Capital, a la que asistieron autoridades de los hospitales de la provincia de Buenos Aires”.
Conocidos los requisitos obligatorios para la actualización -médica y digital-, Sánchez destacó las complicaciones que inmediatamente percibieron: “Nuesto hospital es un edificio histórico, es una construcción hermosa y muy antigua con paredes de 25 centímetros, acá el WiFi no funciona; nosotros necesitaríamos tener cableado en todos los consultorios porque la forma de ingresar al sistema para hacer la actualización de estos certificados es exclusivamente on-line, y nosotros no tenemos esa posibilidad. La conexión a internet en general, por la zona geográfica en la que estamos, que tiene muchos árboles, es mala”, señaló.
Además indicó que “la pensión es un diagnóstico exclusivamente médico, y no es una evaluación de vulnerabilidad social como era antes, que era una cuestión más integral”. “El diagnóstico actual se realiza por un baremo (índice para indicar el grado de discapacidad), que nuestros médicos que realizan la tarea asistencial en general no tienen experiencia”, agregó.