por Leandro Querido
Las elecciones las organiza el gobierno de turno, aún más: los gobiernos locales se encargan de implementar los procesos electorales nacionales. Las denuncias electorales tienen vedado el ingreso a la justicia, recaen en un ente que conforman los partidos más poderosos y son ellos los que resuelven ante toda eventualidad.
Los partidos chicos están afuera de esa mesa, con la ñata contra el vidrio y tengamos en cuenta que en el lugar del que estamos hablando hace mucho frío. No usan boleta única, usan boletas partidarias y, además, para sorpresa de los extraños que anduvimos por allí, cada una tiene un número al pie que la hace “única” y que en los hechos podría generar una traza entre el elector y su voto. No se ve un solo policía ni un solo militar en los centros de votación. Ni uno solo. Tampoco es motivo de preocupación el resguardo de las urnas que quedan en los centros de votación dado que se vota el domingo y el lunes. No existe la veda electoral. Los partidos pueden distribuir su material de campaña en los ingresos a los centros de votación. Existe la modalidad de voto temprano. Los electores votan cuando quieren. Y en cuanto a financiación las empresas privadas pueden aportar a las campañas sin límites, también los sindicatos.
Aunque nos resulte extraño estamos hablando de las “mejores elecciones” del mundo según el prestigioso Índice de Democracia de The Economist. Hablamos de las elecciones de Noruega. Lidera un ranking de 167 países en donde hay democracias consolidadas, como resulta en este caso, democracias con defectos (en esta sección aparece Argentina), regímenes híbridos y autoritarismos. Por ejemplo, abajo de todo, en el descenso directo se encuentra Corea del Norte que sabrá mucho de bombas nucleares pero muy poco de elecciones libres e íntegras.
Hace unos días atrás, en septiembre, de desarrollaron las elecciones generales. Una comitiva de la ONG Transparencia Electoral de América latina compuesta por veinticinco personas de Argentina, Perú, Brasil y México sacudió la calma en esta parte de la península escandinava. Entre los argentinos había funcionarios electorales e integrantes de partidos políticos. Había radicales, del PRO, peronistas y kirchneristas.
Todos se sorprendieron ante la observación de un sistema electoral que se muestra como vulnerable pero que funciona a la perfección. La conclusión un poco es esta: la confianza lo es todo.
En Argentina tenemos un problema de desconfianza muy grave. No es nuevo. El fin del bipartidismo clásico desparramó un manto de sospecha hacia las elecciones porque uno de estos dos partidos no pudo controlar más su parte, es decir, no pudo poner un fiscal en cada mesa. Esto dio lugar al escenario de la cancha inclinada.
Imaginemos un partido de fútbol sobre la ladera de una montaña y uno de los arcos se ubica en la altura.
Imposible ganar. Requiere de un esfuerzo extraordinario y en las elecciones, por ejemplo, de Noruega, se gana y se pierde porque la cancha se encuentra nivelada. El fin del bipartidismo clásico se relaciona también con un notorio cambio cultural, con la emergencia de un nuevo electorado menos apegado a las tradiciones partidarias o ideológicas; por lo tanto, más volátil.
En este contexto se discutió la reforma electoral el año pasado. Desconfianza cruzada entre los que compiten. Sospechas generalizadas de la sociedad. Cualquier iniciativa es motivada por los “negocios” o para hacer “fraude” o “manipular datos”. Y así aparecieron en escena testimonios de “técnicos” que sostienen que incorporar tecnología en los procesos electorales es malo. Rápidos de reflejos los senadores de las provincias feudales compraron el argumento y trabaron la reforma en el Senado.
Todo esto dejó en evidencia el problema que tenemos. En primer lugar, debemos partir de un presupuesto: todo sistema es vulnerable. Hasta el de Noruega lo es. El tema es que en este exótico país nórdico a nadie se le ocurre vulnerarlo porque el costo es total. Una acción en este sentido seguramente traerá severas consecuencias legales, pero sobre todo políticas.
El ventajismo y el fraude representa una práctica política inaceptable por la propia sociedad.Si alguien quisiera superar ese límite y es descubierto no le quedaría otro destino que el ostracismo total. Destino gélido en algún fiordo en el límite norte con Rusia.
La encuesta que realizó Transparencia Electoral en las semanas previas a las PASO de este año reflejaron que nuestro nuevo electorado rechaza las malas prácticas electorales. Inclusive los consultados aseguraron que no votarían por partidos que no tengan un compromiso con el juego limpio. Los partidos políticos y las autoridades electorales deben tomar nota.
Es verdad que necesitamos una reforma electoral, pero esta debe ir más allá de un cambio en el instrumento de votación. Debemos trabajar en un cambio de cultura política profundo que nos permita recuperar la confianza entre los que compiten, en el electorado y en las autoridades electorales. Noruega tiene las mejores elecciones del mundo porque confían entre ellos. Porque hay un acuerdo claro entre lo que se puede hacer y en lo que no. En la idea que la competencia y la alternancia son elementos fundamentales de la consolidación democrática. En la convicción de que todo acto de violencia es simplemente inaceptable. Desde el que pone una bomba en la empresa que hace el recuento provisorio hasta el que cuestiona la incorporación de tecnología al proceso electoral desde la intolerancia discursiva y la agresión constante.
La reforma electoral que vendrá en 2018 puede ser la oportunidad para discutir en otros términos, para trabajar seriamente en la recuperación de la confianza. Porque como muestran las imágenes de las postales que traemos de Noruega no hay contexto de control posible si no se atiende primero la cuestión del respeto mutuo y la confianza.
Si las hordas vikingas que reverenciaban a un Dios violento como Thor pudieron con el tiempo realizar un cambio cultural basado en la convivencia y el respeto a las normas ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? La sociedad ya lo hizo en parte. Ahora le toca al Estado y a los partidos políticos.
(*): Politólogo y director ejecutivo de la Ong Transparencia Electoral.