La CTEP, la Corriente Clasista y Combativa, Somos y Barrios de Pie repudiaron "todo intento que pretenda cercenar su derecho a peticionar ante las autoridades".
Organizaciones sociales salieron este sábado al cruce de la postura del municipio frente a los piquetes y protestas que afecten el medio ambiente y el libre tránsito, al repudiar “todo intento que pretenda cercenar su derecho a peticionar ante las autoridades”.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos y Barrios de Pie señalaron que ese derecho está “consagrado en el artículo 14 de la Constitucional Nacional”.
El municipio celebró ayer una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que la Justicia Penal actúe en caso de piquetes y protestas que impidan otros derechos como el libre tránsito, el libre comercio, el trabajo de otros ciudadanos o afecten el medio ambiente.
Según informó el gobierno comunal, a partir de ahora la Justicia Penal deberá ordenar a la policía que intervenga en esta clase de manifestaciones, entre las que incluyó las que realicen quema de neumáticos, cortes totales de ruta y “tomas” de establecimientos públicos.
Las organizaciones sociales aseguraron que “la falta de empleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, los tarifazos, el deterioro de la salud pública y el hambre desgarrador que azota las barriadas de la periferia son conflictos sociales en sí mismos, y el abordaje que el gobierno debe darle es a través de políticas públicas que
den respuestas concretas a esas situaciones”.
Indicaron que “el gobierno de Carlos Arroyo, en sintonía con sectores del Poder Judicial y la ministra (Patricia) Bullrich, pretenden resolver los conflictos sociales con represión”. A su entender, “es algo así como querer enroscar un tornillo con un martillo, es decir, no es la herramienta adecuada”.
Las entidades creen que “eso implica que lo único que se va a generar es aumentar el nivel de violencia existente, porque violencia es un obrero que se quedó sin trabajo, es un abuelo que no puede pagar la electricidad o el gas, y es el hambre que azota, que eso sí es un verdadero crimen”.
El gobierno local aclaró que no está en contra del derecho de peticionar ante las autoridades, sino de que eso se realice afectando derechos de otros ciudadanos. “Los derechos de cada uno terminan donde empiezan los del otro”, dijo Arroyo.
Las organizaciones recordaron que sostienen comedores, merenderos, centros de primera infancia, huertas comunitarias y centros de abordaje de consumo problemático, al tiempo que brindan asistencia a personas en situación de calle. “Infinidad de actividades que surgen de la necesidad de organizarse frente a la desidia de Cambiemos. Somos los únicos que damos respuesta a los sectores más excluidos de nuestra sociedad en un contexto de retirada absoluta del Estado”, criticaron.
“Por lo tanto, rechazamos todos los intentos intimidatorios a las organizaciones libres del pueblo para que nos callemos la boca y no reclamemos soluciones a los problemas que este gobierno generó y agudizó”.
Para la CTEP, la CCC, Somos y Barrios de Pie “el show de la ministra Bullrich y del intendente Arroyo, el marketing punitivista, la policía y las distintas herramientas represivas del Estado no resuelven el hambre de nuestro pueblo, en cambio las políticas que contemplan el trabajo, la producción y el mercado interno sí”. Y aclararon que “mientras existan pibes con hambre en el país que produce alimentos para 400.000 millones de personas, mientras que la injusticia sea ley” van a “estar movilizados y luchando”.