Juan Carlos Salas está acusado de abusar sexualmente a presos a cambio de droga. Está detenido desde el 23 de mayo y la fiscal Florencia Salas solicitó a la Justicia de Garantías que continúe en prisión mientras avanza con la investigación.
La fiscal Florencia Salas solicitó a la Justicia de Garantías que el jefe de Sanidad de la cárcel de Batán, Juan Carlos Salas, continúe detenido en el marco de la causa en la que está imputado de abusar sexualmente a presos a cambio de drogas.
Este viernes 21 de junio, la fiscal Salas solicitó a la Justicia de Garantías la prisión preventiva para el imputado por por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.
La fiscal considera necesario que Salas continúe en prisión -en estos momentos alojado en una comisaría de Balcarce- ya que entiende que el riesgo procesal es cierto si recupera la libertad, ya que podría interferir con la pesquisa.
Si bien en la causa figuran dos víctimas, una que estaba a punto de recuperar la libertad, mientras que el otro preso todavía tiene más años para purgar de pena por un delito gravísimo, la fiscal Salas explicó que hay más posibles víctimas que podrían confirmarse al profundizar la investigación.
Según explicaron fuentes de la investigación consultadas por LA CAPITAL, en la cárcel de Batán era prácticamente vox populi que Salas ofrecía lo que los presos necesitaban a cambio de favores sexuales y, según testimonios que son parte de la causa, el radiólogo ofrecía comida, dinero o drogas para poder abusar de las víctimas. Es decir, se aprovechaba de la situación de extrema vulnerabilidad de las víctimas y sus necesidades.
Por otra parte, cabe recordar que a raíz de la causa por supuestos abusos sexuales dentro del penal, fueron imputados otros dos jefes por encubrir a Juan Carlos Salas.
Se trata de José Augusto Pedroche y Daniel Eduardo Medina, que al momento de los hechos analizados eran jefe de Asistencia y Tratamiento, y subdirector de Vigilancia y Tratamiento, respectivamente, de la Unidad Penal N° 15, habían recibido información por el accionar de Juan Carlos Salas. En ese marco, conforme las pruebas examinadas, decidieron no avanzar en la investigación ni hacer la denuncia penal.
Para la Justicia ambas autoridades del complejo carcelario habrían incurrido en el delito de “encubrimiento doblemente agravado”, al estar al tanto de denuncias anteriores contra el médico que no informaron a pesar de tener la obligación de hacerlo por ser funcionarios públicos.
Si bien Pedroche y Medina están imputados, aún no fueron citados a declarar, pero tras pedir la prisión preventiva para Salas, la fiscal podría convocarlos en los próximos días.
Además de la prisión preventiva, la fiscal Salas solicitó que el detenido sea sometido a pericias psiquiátricas y psicológicas, las que podrían concretarse en los próximos días.
Denuncias de abusos sexuales en la cárcel de Batán
Vale recordar que al médico Juan Carlos Salas lo detuvieron el 23 de mayo, acusado de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual con acceso carnal” por haber sometido a dos convictos a cambio del suministro de medicamentos o droga. Esta es la hipótesis de la fiscalía a partir de las denuncias efectuadas por la Comisión Provincial de la Memoria, que canalizó el relato efectuado por uno de los reclusos, y el juez de ejecución Ricardo Perdichizzi. El magistrado tomó conocimiento de otro caso en medio de una audiencia, cuando el preso al que entrevistaba lo contó.
Si bien en un comienzo se negó a declarar, el imputado aceptó hacerlo días después de su detención, pero no respondió preguntas de la fiscal. Tampoco aportó ningún tipo de dato más allá de los personales, en una audiencia que duró unos pocos minutos.
Asistido por el abogado platense Martín Castro y luego de que haber sido trasladado desde Balcarce, donde está detenido, Salas negó los cargos y apenas señaló que las acusaciones de los dos reclusos obedecían a situaciones de “enemistad”, en especial con uno de ellos, con quien había tenido diferencias.
La CPM, damnificado institucional
Esta causa contra Salas se formó a raíz de denuncias presentadas por Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que se presentó como particular damnificado institucional.
“Se trata de un tema de gravedad absoluta y no descartamos que hayan habido torturas“, declaró a LA CAPITAL la encargado de litigios de la CPM, Margarita Jarque.
Como particular damnificado institucional, desde la CPM han solicitado a la fiscal Salas que se profundice la investigación, ya que consideran que además de abuso sexual puede tratarse de casos de tortura, por el daño físico y psicológico que pudieron sufrir las víctimas.
La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público que ha sido creado por ley hace 25 años y que desde sus inicios se ha dedicado al monitoreo de los lugares de encierro. Ha raíz de esa experiencia, es que ha sido nombrado “mecanismo local de prevención de la tortura”. Tiene también el mandato legal de cumplir como contralor y monitorear estas situaciones donde se vulneran derechos humanos en los lugares de encierro.