La fiscal Ana Caro solicitó al juez de Garantías, Gabriel Bombini, que el oficial Nelson Albornoz, la oficial inspector Rocío Mastrángelo y el sargento Kevin Guerricagoitía sigan detenidos por el hecho ocurrido el 10 de diciembre. El magistrado debe definir antes del martes.
La fiscal Ana Caro pidió a la Justicia de Garantías la prisión preventiva de los policías acusados de encubrir el crimen de Luciano Olivera, por el cual se encuentra detenido e imputado su compañero Maximiliano González.
Se trata del oficial Nelson Albornoz, la oficial inspector Rocío Mastrángelo y el sargento Kevin Guerricagoitía, quienes fueron aprehendidos el 28 de diciembre por el delito de “encubrimiento doblemente agravado” y “falso testimonio”. Ahora, el magistrado Gabriel Bombini deberá definir su situación procesal antes del martes.
En ese marco, este jueves se llevó a cabo en Tribunales una audiencia en la que los defensores de los efectivos manifestaron su rechazo al pedido de la fiscal y explicaron que en sus declaraciones los imputados explicaron claramente y no mintieron acerca de lo que había ocurrido ese 10 de diciembre en Miramar, cuando fue asesinado Olivera.
La acusación contra los tres policías fue porque ellos sostuvieron, en un comienzo y como testigos, que González había disparado con la motocicleta de Olivera a punto de atropellarlo en una aparente reacción de legítima defensa. Sus detenciones se efectivizaron sin mayores trastornos, luego de que todos fueran desafectados de manera preventiva.
Vale recordar que la fiscal Caro instruye en cuatro causas penales distintas surgidas del mismo hecho: la primera, lógicamente, es la que investiga el homicidio de Olivera, por la que González se negó a declarar dos veces; la segunda, la que buscará saber si los padres de la víctima sufrieron apremios ilegales por parte de la policía al arribar al lugar donde se hallaba muerto su hijo; la tercera, en el marco de la cual efectivos de Miramar denunciaron haber sufrido agresiones durante una marcha en reclamo de justicia por parte de los familiares y allegados a la víctima; y la cuarta y última, la iniciada contra los tres uniformados que se hallaban junto al principal imputado, por encubrimiento y falso testimonio.