La solicitud acompaña al proyecto de ley de la diputada Margarita Stolbizer (GEN) que pretende eximir del impuesto la provisión de los servicios.
Este lunes, en una conferencia de prensa que tuvo la presencia de dirigentes locales del Frente Renovador y Generación para un Encuentro Nacional (GEN), defensores del pueblo de General Pueyrredon, referentes de organismos orientados a los derechos de los consumidores y organizaciones sociales, se expuso el apoyo al proyecto de ley presentado por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) que pretende la eliminación del impuesto al Valor Agregado (IVA) de las tarifas de luz y gas.
Ex diputado marplatense Pablo Farías (GEN) encabezó el encuentro y acompañó el proyecto que busca eximir del pago a consumidores finales en domicilios destinados a viviendas, monotributistas o autónomos en domicilios destinados al desarrollo de la actividad económica principal y a personas jurídicas que encuadren en categoría de micro, pequeñas y medianas empresas.
A su vez, señaló que “no sólo queremos ponerlo en agenda, sino también mejorarlo e incluir otras cuestiones como la venta de gas envasado o garrafas e incorporar a los clubes y las asociaciones vecinales de fomento”.
“El tema de la garrafa social en Mar del Plata es un tema muy controvertido porque durante la gestión anterior había más de 20 puntos de distribución de venta y la verdad es que este gobierno municipal no escucha porque se le ha planteado, desde diferentes organizaciones sociales, la necesidad de contar con más de un punto de venta como existe hoy en día porque eso complica la situación”, detalló Farías.
Respecto al impacto que tendrá la modificación del cuadro tarifario de gas en la ciudad, el dirigente político aseguró que “muchas veces se ha salido a festejar esto y la verdad que no es lo que estamos buscando porque es mínimo el descuento que va a obtener el usuario recategorizándonos con Bahía Blanca, ciudad que, a su vez, también pidió una recategorización”.
De esta manera, indicó que la eliminación del impuesto debe extenderse hasta el 31 de diciembre de 2019, “pudiendo ser prorrogada por tres años más por el Poder Ejecutivo”.