El fiscal Leandro Arévalo solicitó a la Justicia de Garantías la elevación a juicio de Alejandro Salaberry de las causas por el crimen del policía Cristian Agusti, ocurrido en 2003 y que hasta hace poco tiempo se consideraba prescripto, y también de las que se le formaron por resistir a tiros su detención hace un mes.
El fiscal Leandro Arévalo solicitó a la Justicia de Garantías el juzgamiento de Alejandro Javier Salaberry Gabarain, el hombre que supo ser “el prófugo más buscado de Mar del Plata” durante más de 15 años.
El documento, al que tuvo acceso LA CAPITAL, fue presentado en las últimas horas y unifica distintas causas que se le abrieron al imputado: la más importante es por la cual había logrado evadirse por una década y media. Se trata de la que se inició con el crimen del policía Cristian Agusti, en el marco de un asalto cometido a un comercio por una banda de delincuentes. Esta se consideraba prescripta desde 2019 pero hace un mes los camaristas Pablo Poggetto y Raúl Paolini anularon el sobreseimiento del acusado, lo que motivó un nuevo operativo para detenerlo.
En ese contexto, el último lunes 2 de mayo Salaberry se resistió a los tiros a los efectivos que allanaron su casa del barrio Pueyrredon, pero luego fue reducido y trasladado a la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán. En su poder se hallaron dos armas de fuego -una pistola calibre 9 milímetros y una carabina calibre 22- a pesar de que no tenía permiso de tenencia de las mismas. Y por esos dos nuevos hechos también solicitó el fiscal Arévalo que se lo juzgue y que permanezca, hasta tanto, bajo prisión preventiva.
Cristian Agusti, el suboficial de la DDI asesinado a mansalva.
“La familia Agusti se siente muy aliviada con el fallo de Poggetto y Paolini que permitió que finalmente Salaberry fuera detenido después de tantos años. Y también agradecida con el jefe de la policía, José Luis Segovia, que dispuso de todos los elementos para atraparlo rápido, antes de que se pudiera escapar otra vez”, dijo este miércoles Adelina Martorella, la abogada de los padres del efectivo asesinado en 2003, en diálogo con este medio.
Un caso conmocionante
Vale recordar que el 27 de octubre de 2003, cerca de las 17, Salaberry y sus cómplices (Claudio López, Fernando Palomino y Carlos Marcelo De los Santos) asaltaron una casa de insumos de computación ubicada en la zona de 20 de septiembre al 2900.
Cuando escapaban se cruzaron con Agusti y su compañero Cristian Fournier, quien reconoció a Salaberry como un delincuente que había cometido otros hechos anteriores. Entonces se produjo un ataque a tiros de la banda contra ambos policías. Agusti recibió tres impactos de bala que le produjeron la muerte en el acto y Fournier logró sobrevivir pese a las dos heridas.
Desde ese día Salaberry permaneció en la clandestinidad. Palomino y López fueron detenidos a pocas cuadras y De Los Santos en el año 2012.
Durante varios años el Estado Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Seguridad ofrecieron generosas recompensas para obtener algún dato de la ubicación del prófugo, pero jamás obtuvieron información “sana”.
Los 15 años 7 meses y 4 días que debían pasar para el cumplimiento del plazo de prescripción se consumieron en mayo de 2019. Finalmente el miércoles 10 de julio de ese año, a las 10.10, Salaberry se presentó en el edificio de Tribunales en compañía de un abogado que lo acercó hasta la secretaría del juzgado de Garantías de Rosa Frende. Allí le extendieron el escrito con el sobreseimiento, se notificó, firmó y se retiró.
Sin embargo, el domingo 11 de julio de 2021 Salaberry se presentó en el Museo MAR para vacunarse contra el Covid-19 y fue detenido al ser identificado y conocerse que sobre él pesaba un pedido de captura de la Justicia de Morón, en el marco de una pelea vecinal en la que casa mata a un hombre tras agredirlo a machetazos en Merlo. Ese hecho había ocurrido en octubre de 2018 y a Salaberry se lo buscaba bajo otro nombre, ya que en el conurbano bonaerense se hacía llamar Lucas y usaba una identidad falsa precisamente para no ser descubierto, atrapado y juzgado en Mar del Plata.
Desde entonces, la familia Agusti anunció que, por medio de la abogada Martorella, exigiría a la Justicia la anulación del sobreseimiento por prescripción de la causa de Salaberry. En un comienzo, los pronósticos de que eso sucediera fueron desalentadores, pero a fines de abril de este año la situación fue revertida y los jueces Poggetto y Paolini, de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, hicieron lugar al planteo de la letrada.
La captura
El domingo 1 de mayo pasado LA CAPITAL publicó en exclusiva la noticia de la decisión de los jueces y el propio Salaberry se comunicó con este medio para explicar que se hallaba bajo arresto domiciliario debido a que sufre una enfermedad terminal, en el marco de la causa en la que instruye la Justicia de Morón. También adelantó que se entregaría porque ya no tenía nada que ocultar pero, sin embargo, el lunes siguiente y en medio de un gran operativo policial montado para evitar una nueva fuga, se resistió a los tiros.
La fotografía con la que por una década y media se buscó a Salaberry y a través de la que el Estado hasta ofreció recompensas económicas por información que sirviera para capturarlo.
Cuando por fin los uniformados lo redujeron, después de que su propia familia lo obligara a salir de la casa del barrio Pueyrredon, fue trasladado al penal de Batán y, al declarar ante el fiscal Leandro Arévalo, pidió perdón a la familia Agusti y, a pesar de admitir que fue parte de la banda que cometió el asalto y mató al efectivo en 2003, aseguró que no había sido el autor del crimen. Graciela, la madre de la víctima, también en diálogo con este medio, rechazó sus dichos y lo describió como “un ser despreciable”.
Graciela Panebianco, madre de Cristian Agusti.