por Rodolfo Manino Iriart
En 1947 el Presidente Juan Domingo Perón firmaba el decreto mediante el cual disponía el cierre del infausto Penal de Ushuaia. Al cumplirse recientemente el 70 aniversario de aquella trascendental decisión para la historia del penitenciarismo argentino, deviene ineludible el recuerdo a la figura de quien fue su ideólogo y el ejecutor de la reforma carcelaria llevada a cabo durante el primer gobierno peronista. Me refiero a Don Roberto Pettinato (P).
Formado en la práctica más que en la academia, Roberto Pettinato fue designado Director General de Institutos Penales de la Nación por medio del decreto presidencial del 8 de enero de 1947, convirtiéndose así en la máxima autoridad penitenciaria del país. Profundo conocedor del problema carcelario, tuvo a su cargo la compleja tarea de emprender la reforma carcelaria que el flamante Justicialismo exigía. Encaró dicha labor bajo los principios de la Doctrina y Filosofía Peronista, lo que sumado a su propio y especial interés por la dignidad de la persona humana, significó que su acción penitenciaria sólo trajera importantísimas mejoras en las condiciones de vida de los reclusos.
Una de sus primeras obras luego de asumir el cargo mencionado consistió en elaborar y proponer al General Perón la resolución que ordenaba la clausura de la cárcel de Ushuaia. Pettinato tenía hondo conocimiento de las condiciones infrahumanas en que vivían los penados que allí se alojaban, ya que sobre finales de la década del ’30 se desempeñó como Jefe de la Sección Penal del presidio más austral de la República. Lógica consecuencia de ello fue que, a poco de asumir el más alto rango penitenciario, promoviera el cierre de la denominada “ergástula del sur” (mote que hacía referencia a la prisión en la que eran encerrados los esclavos cuando ofendían a su dueño en la Antigua Roma).
Si bien desde inicios del siglo veinte se alzaban distintas voces que censuraban y denunciaban el hacinamiento y el régimen de terror de la “Siberia argentina”, fue gracias a la decisión política del Presidente Juan Domingo Perón, y al especial impulso de Roberto Pettinato, que la cárcel de Ushuaia dejó de existir como tal. Hoy funciona como museo, e ilustra a sus visitantes sobre las tétricas condiciones en que cumplían pena sus habitantes, así como respecto de los personajes “famosos” que por sus muros pasaron, como por ejemplo el renombrado “Petiso Orejudo”, o el afamado cantor de tango Carlos Gardel (aunque la estadía del “zorzal criollo” por ahora sea una leyenda sin confirmar).
Pero la imborrable huella que dejó Pettinato no se debió únicamente al cierre (por decreto del 21 de marzo de 1947) de la tristemente célebre “cárcel del fin del mundo”. La gran reforma penitenciaria llevada a cabo por él tuvo, como objetivo fundamental, llevar la Justicia Social a las cárceles, en consonancia con las transformaciones políticas, económicas y sociales que en aquel momento estaba viviendo el país.
Demostración de lo dicho son las innumerables medidas que tomó con el firme propósito de humanizar el modo en que -hasta el advenimiento del justicialismo- se ejecutaba la sanción penal. La erradicación del humillante traje a rayas que vestían los internos, la eliminación del uso de grilletes para sus traslados, la duplicación del peculio por las tareas laborales realizadas, y la supresión del sistema en virtud del cual se sustituía por números el nombre y apellido de los penados, fueron algunas de las principales decisiones adoptadas en pos de reafirmar la dignidad humana de todo hombre privado de libertad.
La política penitenciaria del primer gobierno peronista significó una ruptura con la forma en que hasta entonces se había afrontado el problema del delito y su castigo. La pena dejó de ser solamente sinónimo de castigo, para pasar a tener como finalidad primordial la reeducación y adaptación social del condenado. Sirven como muestra de la nueva concepción oficial respecto del problema delictual las palabras del propio Pettinato en uno de sus tantos y célebres discursos: “La auténtica prevención de la criminalidad no ha de consistir en otra cosa que en lograr la equitativa distribución del trabajo, de las posibilidades de obtener una adecuada formación cultural, de poder preservar la salud del cuerpo y del espíritu y de participar convenientemente de todos los bienes de la comunidad nacional, es decir, señores, en obtener justicia social”.
En la coyuntura que hoy nos toca vivir, con debate incluido sobre reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense, resulta interesante repasar acontecimientos históricos de los que tal vez sea posible tomar en cuenta algunas de las experiencias vividas en nuestro país.