Dijo que se la tarifa "pone a muchos usuarios ante la imposibilidad de pago". E insistió con la necesidad de una nueva recategorización.
La Defensoría del Pueblo expresó su sostenida preocupación ante los incrementos a las tarifas del servicio de gas por redes, a los que calificó como “irracionales e insostenibles”, y se pronunció a favor de una nueva recategorización.
“Se pone a muchos usuarios ante la imposibilidad de pago, tratándose de un servicio público esencial que hace al derecho a la calidad de vida”, señaló el organismo.
“Venimos viendo que en hogares tipo, con consumo normal, están llegando facturas de hasta 8 o 9 mil pesos. Esto nos resulta altamente preocupante, alarmante. Apelamos al criterio de las autoridades para que se reencauce la situación”, agregó.
Los defensores del pueblo aseguraron que seguirán “insistiendo”, junto con “todas las entidades que tienen por fin la defensa de los derechos del consumidor y usuario”, en una nueva recategorización de Mar del Plata.
El marzo de este año, en Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) estableció los mismos umbrales de consumo por categoría para los distritos de la subzona tarifaria Buenos Aires, entre los que está Mar del Plata, y los de Bahía Blanca.
Para las entidades de defensa del consumidor locales, sin embargo, esa no fue la medida esperada. En ese sentido, la Defensoría reclamó “la postergada, justa y necesaria recategorización a los efectos de pagar lo que corresponde” por los consumos de gas de acuerdo al clima que hay en General Pueyrredon y partidos vecinos. “Estamos en noviembre y muchos vecinos necesitan seguir usando calefacción”, ejemplificó.
Por otra parte, “es necesario mejorar el sistema de la tarifa social a los efectos de contemplar situaciones de vulnerabilidad que hoy quedan afuera del sistema”, agregaron los defensores del pueblo.
“No hace falta brindar más explicaciones sobre cómo se llega a esta tarifa, que suma topes del 400% de aumento sobre el 400% ya aplicado en 2016. No hace falta recordar que las tarifas protegidas por el amparo finalizaron el año anterior. Sólo hace falta plantarse del lado del trabajador que gana 10.000 y recibe una tarifa confiscatoria de 5.000 pesos por un consumo normal para una ciudad fría como la nuestra”, lamentaron.