También pidieron que se "tomen las medidas necesarias" para que la provincia vuelva a "gozar de un Estado de derecho".
“Apoyamos la lucha del pueblo jujeño y solicitamos a las autoridades federales de los tres poderes nacionales a que, según su incumbencia, tomen las medidas necesarias para que los jujeños y jujeñas vuelvan a gozar de un Estado de derecho”, añadió el comunicado, que lleva la firma de sus presidentes Ramiro Geber y Enrique Rocatti.
Y completó: “Exigimos además la revisión judicial de las causas armadas por Gerardo Morales contra Milagro Sala y su inmediata libertad”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en tanto, publicó en la misma red social que “las protestas en Jujuy son la respuesta a la sanción a una reforma de la constitución que tiene, por lo menos dos problemas graves” y mencionó: “Uno: se hizo de espaldas a la sociedad, sin ningún proceso de construcción de consensos. Dos: su contenido debilita el funcionamiento del régimen democrático en lugar de fortalecerlo. ¿Por qué?”.
Y respondió: “Porque entre otras cosas establece un marco regulatorio para impedir protestas y criminalizar a quienes decidan salir a la calle” y señaló que “el gobernador Morales afirmó que esto no es así. Incluso mencionó ‘estándares internacionales de protección de los ddhh’ que serían tomados en cuenta”.
“No pasaron ni 24 horas y todxs vimos, y quienes están en Jujuy sintieron en sus cuerpos, cuál es la respuesta de su gobierno al conflicto social. No hubo estándares de derechos humanos en la represión brutal del día de hoy”, finalizó el CELS.
La Red Nacional de H.I.J.O.S, por su parte, repudió “enérgicamente la represión en Jujuy” y reclamó “la inmediata libertad de Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza y Ana Uro, de H.I.J.O.S. Jujuy, y de todas las personas detenidas en la manifestación contra la reforma”.
“En particular, señalamos que Arroyo y Ana Uro son testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad”, advirtió Hijos.
Asimismo, instó “al inmediato cese de la represión” y reclamó “la vigencia de derechos y garantías para manifestantes y la prensa que trabaja en el lugar”. “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, concluyó el comunicado.
Por otro lado, la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas emitió una declaración titulada “Ante una nueva crisis institucional y represión en la provincia de Jujuy”.
En la declaración se expresó su preocupación “por la vulneración del sistema democrático en la provincia de Jujuy, ante la ilegal reforma constitucional tanto en su conformación, en el procedimiento, como en su contenido violatorio de la Constitución Nacional”, y manifestó su “enérgico repudio a la brutal represión a las manifestaciones y manifestaciones sociales contra la misma”.
“Repudiamos la brutal represión contra los diversos sectores que, en defensa de sus derechos fundamentales, se movilizaron contra una reforma que los vulnera”, señalaron en otro de los párrafos.
Y amplió: “Docentes, trabajadores de la salud y otros gremios, pueblos originarios y campesinos, así como organizaciones sociales fueron víctimas de un feroz accionar policial, dejando un saldo de numerosos heridos y detenidos, fruto de una violencia institucional por parte del Ejecutivo provincial incompatible con nuestra democracia, que nos recuerda a las prácticas de la dictadura cívico-militar” iniciada el 24 de marzo de 1976.
“Exigimos el cese inmediato de la represión social y la libertad de todas las personas detenidas en este contexto represivo, solidarizándonos con las y los trabajadores, las comunidades originarias y campesinas, y con todo el pueblo de Jujuy, abogando por el retorno del Estado Social y Democrático de derecho y la Plena Vigencia de los derechos Humanos en Jujuy”, concluyó el texto difundido por la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, por su parte, expresó en su cuenta de Twitter: “Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy”. Y también llamó a “promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia”.
Goebertus, directora de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro que trabaja en más de 90 países de todo el mundo, advirtió que “la reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH”.