La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos, entre ellos vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida.
El juez federal Sergio Torres ordenó la indagatoria y detención de su par en Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, al que acusó de ser el “jefe” de una asociación ilícita por la cual encubría a narcotraficantes que operaban en esa Ciudad y traían grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.
Fuentes judiciales informaron que además el juez en la investigación junto con el fiscal Carlos Stornelli y el titular de la PROCUNAR Diego Iglesias, dispuso la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau; y de cinco abogados, uno de los cuales ya está detenido desde hace días.
Se trata de una causa vinculada por la cual ya está detenido desde hace meses y camino a juicio oral el entonces Intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces Vice, Fabio Aquino; y gran cantidad de personas, entre ellos gendarmes, policías federales y provinciales: ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el Río Paraná y una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir que uno de los arrepentidos en el caso confesó que le pagaba grandes sumas de dinero para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron: contra el magistrado se investigan al menos una decena de pago de sobornos a cambio de protección.
La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos, entre ellos vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida.
Al ser en la actualidad juez, Soto Dávila posee fueros y por ello no puede ser detenido aunque sí indagado, y en función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se proceda a su desafuero.
Mientras tanto, el juez Torres procesa información del caso: evalúa un perfil patrimonial del magistrado así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado, y la PROCUNAR evalúa unas 180 mil llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.
Hace pocos días también fue detenido por orden de Torres, el exintendente de la localidad correntina de Empedrado Juan Manuel Faraone por dar cobertura a los narcos, junto a familiares suyos y otras personas.
Todo comenzó en 2013, con los primeros detenidos y el secuestro de droga a partir que se detectó parte de la misma en la villa 21 del barrio porteño de Barracas.
En una segunda etapa, en marzo de 2017 fueron detenidos Terán, su entonces Vice Aquino, el comisario de Itatí Diego Ocampo Alvarenga, Rubén Ferreyra, segundo jefe de la delegación PFA en Corrientes; gendarmes, prefectos y narcos.
El manejo de la droga en Itatí estabaÿ cargo de tres cabecillas Luis “Gordo” Saucedo (aún prófugo), Federico “Morenita” Marín recientemente detenido tras permanecer un año prófugo; y Carlos Alberto Bareiro.
En total la megacausa tiene un total de 132 personas involucradas, 89 en juicio, 33 aún bajo investigación y 10 con pedido de captura.
Además, en varios meses de investigación se logró dar con seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada y una gran cantidad de escuchas telefónicas, más de 4500 CD’s que se sospecha se los manipuló de tal manera que cuando los tenía a cargo el juzgado de Soto las transcripción de las escuchas aparentaban no tener importancia.
Hasta el momento se logró el secuestro de 14.646 kilos de marihuana, armas de fuego y varios bienes que fueron decomisados.