La Justicia planteó que, de no haber acuerdo paritario, en julio deberán ajustarse los salarios en función del IPC que dé a conocer el Indec.
La Justicia de La Plata dispuso hoy que los salarios de los docentes bonaerenses sean actualizados en julio próximo en base al Indice de Precios al Consumidor, hasta que los gremios de maestros y el gobierno provincial alcancen un acuerdo en el marco de las negociaciones paritarias, según un fallo al que tuvo acceso Télam.
En la resolución, el Tribunal Nº 4 reconoció que el gobierno ya realizó adelantos a cuenta del futuro aumento para que los maestros no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, aunque planteó que, de no haber acuerdo paritario, en julio deberán ajustarse los salarios en función del IPC que dé a conocer el Indec.
Concretamente, los jueces Rodolfo Francisco Martiarena y Adela Eduarda Di Stefan declararon “la ultractividad de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 de adecuación semestral -cada mes de julio y enero, próximos- por variación de los indices de precios al consumidor emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018”.
La medida judicial surgió como respuesta a un recurso de amparo presentado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).
Allí, los sindicatos habían denunciado que el Gobierno bonaerense “negocia de mala fe, incumpliendo la ley provincial 13.552, que no se reúne en tiempo ni con la periodicidad oportuna, que no brinda la información necesaria, que no hace esfuerzos conducentes para proteger los salarios docentes de la inflación y los aumentos de tarifas”.
Además, habían pedido que se impongan sanciones y se ordene al Ejecutivo provincial “negociar de buena fe”.
Sin embargo, la resolución judicial no hizo lugar a ninguna de estas solicitudes, rechazó la existencia de una práctica desleal por parte del Ejecutivo y que señaló que el Gobierno provincial “no incurrió en conducta pasible de ser sancionada por temeridad y malicia”.
A la vez, los jueces rechazaron que se le ordene negociar de buena fe y, al referirse a la cláusula gatillo, plantearon “una relativa garantía de que los sueldos docentes no pierdan valor real”.
En este sentido, manifestaron que “de alguna manera la provincia de Buenos Aires la ha venido cumpliendo durante este año, con pagos que complementan la pauta salarial convenida en el 2017 y a la que se comprometió a respetar en el futuro a través de su ministro de Economía en la reunión paritaria del día 9 de marzo de 2018”.
En tanto, fuentes del gobierno bonaerense anticiparon que el Ejecutivo provincial apelará la resolución ya que “la Justicia no puede interpretar algo que las partes aún no han acordado” porque eso significaría -argumentaron- “una intromisión en cuestiones que debe decidir el Ejecutivo provincial”.
Por su parte, la secretaria general de la FEB, Mirta Petrocini, destacó, en diálogo con Télam, el hecho de que la Justicia haya determinado que “el gobierno debe mantener la vigencia de la cláusula gatillo hasta una nueva convocatoria”.
“En la práctica, la cláusula gatillo se activará cada mes de julio y enero, hasta la concreción de un nuevo convenio, basada en la evolución del IPC emitido por el INDEC”, expuso, y aclaró que “no obstante, los gremios vamos a exigir la convocatoria a paritarias porque esto no obstruye, inhabilita o clausura la paritaria”.
“Hoy son 60 días sin llamado a convocatoria. Esperamos que nos convoquen de una vez”, insistió la referente de la FEB.