Por Darío Lopérfido
Cada día resulta más evidente la crucial importancia que reviste para Argentina la lucha decidida contra la corrupción. Sin esa batalla, no habrá un futuro prometedor para el país.
Es imprescindible una acción coordinada que incluya denuncias y la presentación de pruebas, ya que quienes buscan garantizar su impunidad no descansan.
Tal como señaló mi colega y amiga Cristina Pérez, necesitamos un “Nunca Más” para la corrupción, una institución que desempeñe el papel que en su momento cumplió la Conadep, pero en relación con los delitos de corrupción.
Sin una justicia efectiva que procese y encarcele a los miles que se han enriquecido a costa de la población, no habrá inversiones. La corrupción socava directamente la noción de seguridad jurídica, y sin ésta, no puede haber desarrollo económico.
Las declaraciones del fiscal Luciani son sumamente graves.
Reveló haber sufrido “presiones inconcebibles” por parte de Alberto Fernández mientras llevaba adelante la acusación contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
También mencionó los ataques mediáticos que sufrió de parte del aparato propagandístico afín al kirchnerismo y recordó una advertencia mafiosa de enorme envergadura por parte del entonces presidente.
“Nisman se suicidó. Espero que Luciani no lo haga“, dijo Alberto Fernández, en lo que constituyó una amenaza de muerte velada mientras el fiscal acusaba a CFK.
Desde el poder, se le estaba diciendo a un fiscal que corría el riesgo de ser asesinado, como sucedió con el fiscal Nisman, quien iba a denunciar a Cristina Kirchner.
El ex presidente Fernández amenazó de muerte a Luciani, lo cual debería ser el centro de atención mediática.
La atención mediática está puesta hoy sus actitudes de borracho golpeador, pero este tipo de información no debe dejar en un segundo plano el nefasto rol de Alberto Fernández como garante de la impunidad.
El poder en Argentina no puede seguir ignorando este nivel de maniobras en busca de impunidad.
La corrupción está enquistada en la política, la justicia, las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Ha invadido todas las esferas, al punto de que atrocidades como las amenazas de muerte a quienes investigan la corrupción se naturalizan.
Es urgente que el gobierno adopte una postura firme al respecto y deje de enviar señales a favor del establishment corrupto.
La nominación de Lijo a la Corte Suprema es un pésimo mensaje, que refuerza la imagen de una justicia aliada de la impunidad.
La población está sufriendo profundamente debido a la crisis económica, y ese sufrimiento debe ser reconocido.
Una de las formas de hacerlo es asegurando que el principio de “el que las hace, las paga” se aplique tanto a la delincuencia común como, sobre todo, a la corrupción política.
¿Por qué Sergio Massa salió de su gestión en el gobierno anterior sin enfrentar consecuencias judiciales, a pesar de haber utilizado la política económica en su propio beneficio, generando un enorme déficit en las arcas públicas?
¿Por qué no hay avances significativos en la persecución de figuras altamente corruptas como Martín Insaurralde?
¿Por qué el papa Francisco se muestra públicamente con Juan Grabois, en un momento en que las denuncias por corrupción contra los movimientos sociales se multiplican?
¿Por qué se repiten cíclicamente los intentos de desestimar la causa Cuadernos?
¿Por qué se estancan las investigaciones que involucran a políticos por casos de corrupción en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, como el caso “Chocolate” Rigau?
¿Por qué los sindicalistas nunca son condenados por corrupción?
¿Por qué la justicia no investiga la corrupción y el desastre humanitario que generó la gestión criminal de la pandemia?
La lista de preguntas podría ser interminable, pero la respuesta es siempre la misma: la red de complicidades en torno a la corrupción es inmensa, y quienes luchan contra este flagelo están, en gran medida, solos.
Ese es el triunfo cultural de los corruptos. En un país sumido en la miseria y la desesperanza, ellos son los únicos ganadores.
El gobierno tiene una oportunidad invaluable si decide adoptar un discurso contundente contra la corrupción.
El curso positivo de las denuncias contra los movimientos sociales, impulsadas por el Ministerio de Capital Humano, confirma esta hipótesis.
Solo las grandes batallas permiten obtener grandes victorias.
Luchar contra la corrupción es la gran batalla cultural de nuestra época, y una forma clara de defender a los ciudadanos de los mafiosos.
(*): Ex secretario de Cultura y Comunicación de la Nación, ex ministro de Cultura porteño y ex director del Teatro Colón. Especial para NA.