Esta tarde elevó un proyecto de ordenanza para convalidar el decreto por el cual el municipio se pliega al régimen. "Nos permitirá colocar a nuestra ciudad en las primeras posiciones para el ingreso de inversiones", planteó.
El Ejecutivo elevó hace instantes al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para convalidar el decreto N° 1699/2024, por el cual el municipio se adhiere a la Ley Nacional N° 27.742 (Ley Bases), con especial foco en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Con argumentos similares al acto administrativo que firmó el intendente Guillermo Montenegro a fines del mes pasado -ad referéndum “de la oportuna aprobación” del Concejo- , el gobierno local recordó que la Ley Bases creó el RIGI. Y que el régimen está plasmado en el título VII de la normativa nacional, “siendo de aplicación para todo el territorio argentino, invitando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherirse a esta normativa”.
“Este régimen tiene como objetivo incentivar grandes inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de sectores económicos, incrementar exportaciones de mercaderías y servicios, generar empleo y estabilidad económica, y proteger los derechos adquiridos de los inversores, entre otros vinculados a estos fines”, apuntó el gobierno local en el mensaje de elevación al Legislativo.
En el escenario actual, el Ejecutivo consideró “necesario” impulsar la adhesión a esta ley, evaluando su implementación en diversos sectores (especialmente los de tecnología, infraestructura y turismo), “en pos de atraer inversiones, y generar empleo genuino para los marplatenses y batanenses”.
Sobre la aplicación del RIGI -continuó el gobierno municipal- “también se destacan grandes proyectos energéticos y mineros en todo el país, como el de hidrocarburos offshore (Argerich) en la Cuenca Norte del Mar Argentino, frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata”.
“En consecuencia, la sanción de esta ley nos permitirá colocar a nuestra ciudad en las primeras posiciones para el ingreso de inversiones, pudiendo aumentar la producción y el empleo, teniendo un marco legal que regula y da seguridad jurídica a los inversionistas”, concluyó el Ejecutivo.