Los soberanistas trasladaron su desafío a las calles. "Votaremos, quieran o no quieran", desafiaron al marchar por las calles de Barcelona.
BARCELONA.- Miles de personas se manifestaron este lunes en Barcelona para reclamar que el 1 de octubre se celebre un referéndum independentista y votar por la secesión de España, una aspiración anulada por el Tribunal Constitucional y rechazada por el Gobierno y los principales partidos del país.
Cataluña celebra la Diada, la conmemoración de la derrota militar que el 11 de septiembre de 1714 sufrieron las fuerzas catalanas que apoyaron al archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión al trono de España, frente a las de Felipe V de Anjou, quien finalmente se impuso, y fue el primer Borbón de esta casa reinante en el país.
Las asociaciones convocantes aseguraron que en la movilización se habían inscripto más de medio millón de personas, que culminaron la marcha con gritos de “Votaremos, quieran o no quieran”.
La Guardia Urbana de Barcelona elevó ese dato y cifró en un millón de personas las que participaron en la movilización, mientras que la Delegación del Gobierno español en la región lo rebajó hasta los 350.000 asistentes y la entidad Sociedad Civil Catalana, que rechaza la consulta de octubre y la secesión, calculó que había unas 225.000 personas.
La Diada de este año es plenamente reivindicativa y tiene lugar a veinte días del referéndum ilegal convocado por la coalición de fuerzas independentistas que gobierna Cataluña y rechazado por la Justicia española.
Los participantes formaron una gran cruz humana entre dos avenidas perpendiculares que quería ser la imagen de la suma y simbolizar la unión de los independentistas en favor de la secesión de esa región de 7,5 millones de habitantes respecto a España.
Los secesionistas, que son mayoría en el Parlamento regional pero en las elecciones autonómicas de finales de 2015 no llegaron al 48 por ciento del voto popular, se muestran decididos a mantener la convocatoria, vista como un desafío por el Gobierno español.
La respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el respaldo de los socialistas y los liberales, fue la de recurrir a la Justicia, que anuló el referéndum y presentó querellas contra miembros del Gabinete catalán y la presidenta del Parlamento regional por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en relación con la convocatoria del referéndum.
Frente a las acciones judiciales los secesionistas recurren a la calle y la masiva manifestación de hoy pretende ser una muestra del apoyo popular al soberanismo.
Los soberanistas trasladaron así su desafío a las calles, y el presidente regional catalán, Carles Puigdemont, animó a sus seguidores a que se dirijan a los alcaldes de los municipios que no quieren participar en la organización del referéndum para instarlos a colaborar.
La mayoría de esos alcaldes son socialistas ya que el conservador PP, que gobierna en España, es minoritario en Cataluña, y las palabras de Puigdemont fueron interpretadas por líderes del PSOE como un intento de presión inaceptable.
Rajoy garantizó el respaldo a los alcaldes opuestos a facilitar al voto el 1 de octubre.
La incógnita es la actuación de la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, que está al frente de un municipio de 1,6 millones de personas y cuya decisión parece crucial, por la importancia de la ciudad.
Colau navega entre dos aguas, sin decantarse claramente, y hoy dijo que hará “todo lo posible” porque se vote el día 1 pero sin poner en peligro a los funcionarios, a los que la Justicia podría sancionar si colaboran con un referéndum ilegal.
El Gobierno español envió instrucciones a funcionarios municipales de Cataluña para informarles de cómo deben proceder para mantenerse en la legalidad, circunstancia que también afecta a otro sector destacado, los Mossos d’Esquadra, la Policía regional que debería actuar contra los impulsores de la consulta ilegal si lo requiere la Justicia.
Además, el Ejecutivo de Rajoy presentó hoy mismo ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley de transitoriedad aprobada el pasado día 7 por el Parlamento catalán y que pretende ser la norma provisional para articular la transición hacia la independencia en caso de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre y triunfase el sí.