Los abogados que lideraron las maniobras fraudulentas a través de jubilaciones por discapacidad fueron excarcelados por hechos individuales, pero seguirán detenidos en el marco de la compleja causa principal que ya fue elevada a juicio y que busca demostrar que existió una estafa por más de 100 millones de pesos.
La megacausa Anses, que investiga una millonaria estafa al Estado a través de jubilaciones por discapacidad, cuenta con dos tramos que tiene como máximos involucrados a los titulares del estudio jurídico que quedó en el epicentro de los fraudes, y si bien continuarán detenidos por la causa principal que ya fue elevada a juicio, fueron excarcelados por hechos individuales que aún son investigados.
Los titulares de la sociedad “Organización Jurídico Previsional SRL” -Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Ruben David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez- fueron recientemente excarcelados por el juez federal Santiago Inchausti, con cauciones penales que van desde los 2 millones a los 10 millones de pesos.
Estas excarcelaciones, que no tienen impacto real en las situaciones de los imputados que continúan alojados en un penal federal a la espera del juicio, se explican porque al producirse un desdoblamiento en la investigación, Balbuena, Iros, Cagni y Conrado Diez Suárez están procesados por hechos de defraudación, tentativa de defraudación y alteración dolosa de registros, pero no por resultar jefes de una asociación ilícita, ya que la acusación por ese delito ya fue elevada a debate oral y público, lo cual implica una disminución de la escala penal aplicable.
De esta manera, los dos años que han pasado bajo prisión preventiva los habilita a pedir la excarcelación en esta causa secundaria.
Vale que remarcar que los imputados se encuentran cumpliendo prisión preventiva, de manera ininterrumpida, desde el 26 de abril de 2018 y si bien es cierto que el último 24 de abril se resolvió prorrogar la prisión preventiva por el termino de 6 meses, una vez que la causa principal fue elevada a juicio, al desdoblarse las acusaciones, la situación procesal debe responder con criterio a cada causa.
El 14 de agosto pasado se efectivizó la elevación a juicio parcial solicitada por el juez Inchausti con relación a Cagni, Balbuena, Iros y Diez Suarez, por ser considerados jefes y organizadores de una asociación ilícita, coautores del delito de defraudación contra la administración pública reiterado en dieciséis ocasiones, coautores del delito de tentativa de defraudación contra la administración pública reiterado en tres ocasiones, coautores del delito de uso de documento falso en una ocasión, coautores del delito de alteración dolosa de registros en doce casos, coautores del delito de tenencia ilegítima de DNI ajenos reiterado en once ocasiones, y coautores del delito de cohecho en dos ocasiones, todo ello en concurso real, con excepción del delito de alteración dolosa de registros que concurre de manera ideal con el delito de defraudación contra la administración pública, quedando los imputados detenidos a disposición conjunta con el Tribunal Oral Federal de esta ciudad.
La causa
La investigación se centra en la actividad irregular del jurídico “Organización Jurídico Previsional” -integrado por los ya procesados Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez- que tramitó jubilaciones especiales por discapacidad con certificados fraudulentos que generaron un millonario perjuicio a la administración pública.
Según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio jurídico Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.
La organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas como ser la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la Anses que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para realizar certificados por discapacidad a sus clientes que luego eran homologados con médicos, al servicio del estudio jurídico Organización Previsional SRL, que trabajaban en la Comisión Médica de Anses.