El abogado Carlos Salvatore protagonizó el caso más emblemático en materia de narco-criminalidad, con el envío de estupefacientes a Europa disimulados en carbón vegetal. Para lavar los cuantiosos fondos provenientes del narcotráfico eligieron Mar del Plata.
La construcción de edificios en distintos puntos de Mar del Plata, en particular frente al mar, fue la principal manera de lavar dinero que encontró una de las bandas de narcotraficantes más grande de la historia en la Argentina.
Carlos Daniel Salvatore, el líder de la organización que cayó en el denominado operativo “Carbón Blanco”, ordenó que se construyeran al menos 9 edificios en esta ciudad con las ganancias del contrabando de cocaína disimulada en bolsas de cárbon.
El trabajo articulado entre la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal María Laura Roteta, y la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, a cargo de Carlos Sanserri, puso al descubierto toda la maniobra.
Un entramado financiero, inmobiliario y empresarial con sociedades pantallas y testaferros, fue el que erigió la banda de narcotraficantes liderada por Salvatore y que tuvo a Mar del Plata como una ciudad clave.
El desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata era uno de los canales elegidos para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.
Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es que esa modalidad delictiva se complementaba con otra, mediante la cual los edificios construidos violaban alguna de las disposiciones municipales, por ejemplo, superando la cantidad de pisos autorizados.
La obra se detenía y los responsables de la construcción -ante la desesperación de los compradores por no poder escriturar- recompraban las mismas unidades “a precio vil”. No casualmente, Salvatore desembarcó en Mar del Plata a través de NS Construcciones, una sociedad que mantenía con el empresario de la construcción y antiguo cliente, Antonio Nicolosi, con quien realizó al menos nueve emprendimientos en la ciudad.
Un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, que se ramificaba por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado legal el dinero que provenía de su actividad como narcotraficante
El 5 de mayo pasado, el juzgado federal de Roque Sáenz Peña dispuso la intervención judicial de seis sociedades anónimas dedicadas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata, entre las que se encuentran “NS Administraciones, Propiedades, Edificios Construcciones S.A”; “Libres de Sud 2079 S.A.”; “Milenio Bienes Raíces S.A.”; “Saint Maxime S.A.”; “LBC Service & Consulting S.A.” y “General Paunero S.A.”. La medida cautelar, que rige por un plazo de 150 días, había sido requerida en forma conjunta por el fiscal federal Sansserri y la Procelac, con el doble objetivo de, por un lado, asegurar el valor de los bienes utilizados en el delito de lavado de activos para posibilitar su decomiso al momento del dictado de la sentencia y, por el otro, para evitar situaciones perjudiciales para los terceros que de buena fe invirtieron en estos emprendimientos.
Delito precedente
El 17 de septiembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó al abogado Carlos Alberto Salvatore a 21 años de prisión, al considerarlo el principal organizador de una asociación ilícita que contrabandeó más de una tonelada de cocaína en tres cargamentos enviados a Europa entre marzo y abril de 2012.
Por la dimensión de las penas aplicadas –el resto de la banda recibió condenas de entre 19 y 12 años de prisión–, el volumen de estupefacientes comercializado, y por haberse juzgado a quienes se encontraban en el eslabón más alto de la estructura delictiva, el juicio fue considerado como el más importante en materia de narco-criminalidad en el país.
Ahora bien, en 2014, mientras todavía se encontraba en etapa de instrucción la causa por narcotráfico, la Procelac presentó una denuncia penal por lavado de activos provenientes del contrabando internacional de clorhidrato de cocaína a Europa.
La presentación en el juzgado federal de Roque Sáenz Peña se sustentaba en una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), que daban cuenta de movimientos injustificados a través de las sociedades Gem Zud Corporation, Pure Vision S.A. y Saint Maxime S.A.. En todas estas sociedades participa Carlos Alberto Salvatore.
El análisis de esta información, confrontada con lo que se requirió a diversos organismos, nacionales y extranjeros, daba cuenta de la presunta aplicación de una gran masa de activos de origen delictivo en el sistema económico formal, por diferentes conductos. Así, se logró constatar que la organización liderada por Salvatore “generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, que se ramificaba por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado legal el dinero que provenía de su actividad como narcotraficante”.
Procesamiento y prisión preventiva
En base a la gran cantidad de pruebas recolectadas, la titular del juzgado federal de Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Salvatore por los delitos de asociación ilícita- agravada por su condición de organizador- en concurso real con el de lavado de activos agravado, al tiempo que dispuso un embargo de casi $ 760 millones sobre sus bienes.
También ,fueron procesados con prisión preventiva la esposa de Salvatore, Silvia Susana Valles, sobre cuyos bienes dispuso un embargo de 505 millones de pesos, los empresarios Santiago Valles Ferrer, Ricardo Gassan Saba, con embargos de 81 y 264,8 millones de pesos, respectivamente, mientras que Carla Yanina Salvatore y Mariano Castelucci, abogado marplatense vinculado a la UCR local, fueron procesados sin prisión preventiva.
Los imputados desplegaron maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico al menos desde el año 2005 hasta la fecha de sus detenciones, y que el dinero de origen ilícito fue canalizado hacia emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata, inversiones en automóviles de lujo, proyectos cinematográficos, operaciones de cambio, activos en Estados Unidos y empresas pantalla.
En su resolución, la magistrada tuvo por acreditado que los imputados desplegaron maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico al menos desde el año 2005 hasta la fecha de sus detenciones, y que el dinero de origen ilícito fue canalizado hacia emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata, inversiones en automóviles de lujo, proyectos cinematográficos, operaciones de cambio, activos en Estados Unidos y empresas pantalla, entre otras maniobras.
Posteriormente, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos, aunque redujo sensiblemente los montos de los embargos y dictó la falta de mérito de Castelucci.
Respecto a Salvatore, además, el tribunal de alzada rechazó la imputación por asociación ilícita, lo que motivó un recurso de casación que, tras ser declarado inadmisible, derivó en la presentación de un recurso de queja.