Un grupo de auditores vino a capacitar al equipo del intente electo. Es para asentar lo que deja el gobierno saliente. Se afianza la intención de llevar la documentación al Tribunal de Cuentas y a la Justicia. Internas en el oficialismo y la oposición.
Por Ramiro Melucci
Los datos y rumores que oye todos los días sobre el tramo final del gobierno de Carlos Arroyo espantan a Guillermo Montenegro. Su hombre de máxima confianza, Alejandro Rabinovich, lo describió con la frase más gráfica que se le ocurrió. “Retirada a lo cowboy”, dijo. El temor a lo que deja el intendente saliente no solo se traduce en palabras: el viernes llegó de Buenos Aires un grupo de auditores para enseñar cómo se utilizan los manuales de auditoría, la herramienta a la que apelará el jefe comunal electo para saber a ciencia cierta con qué municipio se encuentra.
Cerca del futuro intendente lo explicaron así: “Los manuales sirven para contrastar lo que dicen que te dejan con lo que realmente hay. Si en una dependencia dicen que quedan siete computadoras y en realidad hay una sola, eso queda asentado. Y después se envía la documentación al Tribunal de Cuentas”.
El ejemplo habla de computadoras como puede mencionar mobiliario, parque automotor o plata. “Así vamos a determinar lo que verdaderamente hay en el municipio”, comentan en el entorno de Montenegro.
El manual lo usarán el intendente, los secretarios y los subsecretarios. El inventario se hará en cada dependencia. La intención es que los nuevos funcionarios deslinden su responsabilidad de lo que eventualmente pueda faltar.
Determinar la razonabilidad de la información generada por el organismo auditado. Establecer si se ha cumplido con la normativa aplicable. Comprobar si los recursos públicos se han utilizado en forma económica y eficiente. Esos son tres de los objetivos que figuran en el manual de auditoría que dispuso la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para el control interno del gobierno porteño. Montenegro, que se formó como administrador en ese distrito, lo replicará en Mar del Plata.
Detonada la transición en términos políticos, la importación del manual ratifica, por un lado, la intención del intendente electo de hacer eje en el aspecto técnico, donde perviven los lazos que tejió el futuro secretario de Economía y Hacienda, Germán Blanco, con funcionarios de bajo perfil. Por el otro, esboza el propósito de arrinconar a Arroyo contra las cuerdas del Tribunal de Cuentas y, de ser necesario, de la Justicia, como lo adelantó Rabinovich después de acusar a Guillermo Arroyo de “esconder designaciones” de personal.
Ese canal de diálogo está roto. Empezó a deteriorarse la semana posterior a las elecciones y terminó de quebrarse el martes. El intendente mandó a escribirle un mensaje a Montenegro para hacerle saber que por “razones de agenda” no podía reunirse ese día al mediodía, como habían acordado el jueves de la semana anterior. Es difícil desentrañar qué motivos de agenda puede tener Arroyo más importantes que ocuparse de la transición.
La designación de su hijo para coordinar este período terminó de descolocar a Montenegro, que aprovechó para abrir fuego y empezar a imponer su versión del estado del municipio. “No hay fondos para pagar los salarios de diciembre”, bramó.
El presupuesto 2020 lo preocupa. Todavía no está presentado y ya habla de la necesidad de contar con esa herramienta clave para el funcionamiento del municipio. Ha visto con pavor lo que sucedió este año, cuando las ordenanzas presupuestarias fueron aprobadas por el Concejo Deliberante en el segundo semestre. “No pasó en ningún municipio del país”, repite.
Esa demora, que en el fondo exhibe las descomunales carencias políticas del arroyismo, está ahora dejando a la vista sus consecuencias: los aumentos de tasas a destiempo que distan del 35% que anunciaba el oficialismo.
Sobre el final de la semana llegó otra “bomba” que deberá desactivar el próximo gobierno, según interpretaron en el elenco entrante. Las empresas de transporte pidieron subir el boleto más de 60%. La solicitud es para Arroyo, a quien el Concejo Deliberante le cedió en marzo las facultades para fijar la tarifa del transporte público. El plazo vence el primer día de diciembre, pero el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, ya avisó que hasta fin de año rige un acuerdo para compensar la quita de subsidios, por lo que no habrá necesidad de que Arroyo aumente el boleto. Montenegro no esperaba otra cosa, pero está convencido de que en una transición normal el del boleto sería otro asunto a consensuar entre la administración entrante y la saliente. Esta no lo es.
La gran discordia de la transición encubre rencillas al interior de la alianza. Las generan las tensiones por el reparto de cargos. Se sabe que el período en que media un triunfo electoral y la asunción del ganador es una época en que abundan los pedidos, exigencias, advertencias y operaciones. El ruido de fondo que se escucha en Juntos por el Cambio, con los distintos sectores del PRO, Crear y la UCR como protagonistas excluyentes, no es la excepción.
Por el momento, las novedades son las incorporaciones casi confirmadas de la directora del Materno, Viviana Bernabei, a la Secretaría de Salud, y de la directora regional del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, Florencia Toledo, a la Secretaría de Desarrollo Social.
Mientras el gabinete va tomando forma, el kirchnerismo empieza a salir del modo campaña. La concejal Virginia Sívori, fuente de consulta permanente de Fernanda Raverta en asuntos financieros del municipio, volvió a criticar el aumento desmedido de tasas. Su reaparición no deja de implicar cierta novedad: el Frente de Todos se había abstenido de confrontar con Arroyo en el tramo decisivo previo al 27 de octubre.
El reparto de roles en el bloque opositor es clave para Raverta, que lo conducirá desde el puesto que le otorguen en Provincia o Nación. El principal interrogante es quién será el jefe del bloque. Daniel Rodríguez, que ejerce esa función, ha marcado sus disidencias con la campaña. Faltó peronismo, dice. También otra clase de vínculo con sindicatos e instituciones intermedias. Anhela que lo haya en el tiempo por venir, convencido de que la gestión de Alberto Fernández favorecerá esa construcción.
Autoridades del PJ local también reclamaron más participación. Pero son observaciones mesuradas que no desconocen el rol de líder de la oposición que le otorgó el contenido de las urnas a Raverta. Tanto que en el partido están pensando en un aporte postelectoral a la causa: evalúan la posibilidad de elevar una medida disciplinaria para los integrantes del secretariado que no respaldaron a la candidata del Frente de todos. Allí encajaría el caso de Eduardo Bruzetta, que no escondió su apoyo al ex intendente Gustavo Pulti.