El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, insistió con su inocencia en el caso de los papeles de Panamá y aseguró que en sus declaraciones juradas están todos sus bienes, firmas y empresas consignadas.
El presidente Mauricio Macri anunció hoy que mañana se presentará ante la justicia civil para pedir una declaración de certeza, ante la imputación que le formuló el fiscal federal Federico Delgado por el supuesto delito de “omisión maliciosa” en su declaración jurada de dos sociedades offshore, de las cuales una fue revelada por la investigación periodística internacional de los Panamá Papers.
En ese sentido, el Presidente afirmó que “no tengo nada que ocultar”, durante un acto en Casa de Gobierno donde anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública.
El fiscal dictaminó la apertura de una causa penal ante la denuncia que presentó ayer el diputado kirchnerista Norman Darío Martínez pero es el juez sorteado, Sebastián Casanello, quien debe resolver el tema en un plazo de diez días.
Delgado recomendó al juez que investigue si el Presidente incurrió en el delito previsto en el artículo 268 del Código Penal que establece una pena de 15 días de prisión a dos años e inhabilitación especial perpetua que recaerá sobre el que “maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas”.
En el dictamen que remitió al juez, el fiscal señala que, como segundo paso, la investigación judicial debería determinar si “la vida social” de esas sociedades “infringió algún tipo penal” y, en ese caso, “si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.
Casanello había girado la denuncia al fiscal para que fije su posición en cumplimiento del artículo 180 del Código Procesal Penal que establece que el magistrado debe requerir la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal antes de resolver, aun en contra de esa recomendación.
“No se nos escapa que ya hubo aclaraciones públicas sobre ello pero, aún así, el trabajo judicial es determinarlo”, postuló el fiscal Delgado al expedirse hoy en relación a una denuncia presentada esta semana por el diputado nacional por el Frente para la Victoria.
El fiscal puso la mira en las dos sociedades off shore en las que Macri figura en su directorio, de las cuales una forma parte de la información revelada por la investigación periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominada como “Panamá Papers” y la otra se conoció días despupes.
Se trata de la firma Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, en la que el presidente Mauricio Macri “según consta en la denuncia del legislador kirchnerista- “fue director y vicepresidente”, y de otra sociedad denominada Kagemusha SA, “registrada en Panamá y aún en funcionamiento”.
Delgado destacó que la investigación pone al descubierto “las múltiples caras de la fase financiera de la relación social capitalista; en particular, el uso instrumental de figuras societarias para eludir impuestos o lavar dinero proveniente de actividades ilícitas”.
Sostuvo el fiscal que no se le escapa “tampoco la relevancia institucional de quien devino imputado”, en referencia al presidente Macri, quien luego de constituida la primera sociedad fue jefe de Gobierno porteño.
En este sentido, Delgado señaló que, “no obstante, la labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos, los de la ley vigente, con lo cual, como primer paso, habrá que determinar si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”.
En declaraciones radiales, Delgado consideró que “siempre está latente la posibilidad de la declaración” del presidente en el marco de una causa que se inicia, pero aclaró que “estamos en una etapa inicial de la investigación y primero hay que chequear si la denuncia es verídica y luego avanzar”.
La denuncia presentada ayer por Martínez fue por presunto “lavado de dinero y evasión fiscal”, delitos cuya penalidades son ampliamente superiores a la “omisión maliciosa”, ya que la primera de esas figuras está contemplada en el artículo 303 del Código Penal que prevé penas de 3 a 10 años de prisión y multa equivalente de dos a diez veces el monto de la operación.
Martinez dijo hoy que Macri “le tiene que dar explicaciones al pueblo argentino, sobre todo a los que lo votaron” y que el tema “que merecía que la justicia hubiera actuado de oficio o que lo hubiera hecho la Oficina Anticorrupción” que encabeza Laura Alonso.