La emergencia sanitaria, con sus restricciones en la circulación, causa un fuerte impacto en la industria turística. Por eso es que desde el sector anunciaron que deberán privilegiar el pago laboral por sobre el tributario. Además exigen condonación de impuestos como el inmobiliarias y tasas.
Los empresarios hoteleros de Mar del Plata decidieron priorizar el pago de sus gastos laborales en lugar de sostener sus obligaciones tributarias para hacer frente a la crisis del sector turístico derivada de las restricciones por la emergencia sanitaria.
El comunicado, al que adhieren más de 100 hoteles, fue emitido por la Asociación Empresaria, Gastronómica y Hotelera de la ciudad y la zona señala que “para prevenir mayores daños, hacemos saber que nos vemos obligados a discontinuar provisionalmente el pago de impuestos y tasas que gravan la actividad hotelera, al tiempo que solicitamos la condonación del impuesto inmobiliario y las tasas municipales de servicios urbanos o generales para los
ejercicios fiscales 2020 y 2021”.
Después de un primer año de pandemia con un marcado descenso en la actividad que no pudo ser compensado con los meses de apertura en el verano y ante un panorama similar en este 2021, los hoteleros aseguran que “el contexto de la actual situación de emergencia sanitaria, con medidas restrictivas para la circulación de personas y el ejercicio del comercio y la industria se vienen dilatando en el tiempo y han llevado al cierre de 11.800 establecimientos hoteleros y gastronómicos a nivel nacional y a la pérdida de
175.000 puestos de trabajo”.
La hotelería de Mar del Plata, explican los empresarios, sostiene en forma directa a 16.000 familias y a sus proveedores. “Por el efecto multiplicador del gasto turístico -agrega- genera y sostiene en forma indirecta ventas e ingresos adicionales para otras actividades, otras transacciones y empleos, como así también ingresos al gobierno alcanzando a más de 80.000 personas”.
Los empresarios hoteleros a cargo de 104 establecimientos orientaron la comunicación tanto a “las autoridades gubernamentales” como a “la ciudadanía en general” e insisten en que se “ven en la necesidad de privilegiar el pago de sus obligaciones laborales por sobre sus obligaciones tributarias”.