por Lucía Martelotte
El 3 de junio de 2015 marcó un antes y un después en la agenda por los derechos de las mujeres en Argentina. Ese día el movimiento feminista, apoyado en una historia de más de tres décadas de lucha y organización, salió a las calles junto con la sociedad en su conjunto para manifestarse contra la expresión máxima de la violencia machista: los femicidios. A partir de entonces la cita se repite cada año con una agenda que se amplía, denunciando las múltiples desigualdades que enfrentamos las mujeres, lesbianas, travestis y trans en nuestras vidas cotidianas -entre las que se encuentran la brecha salarial, la desigual distribución de las tareas de cuidado, las dificultades para acceder a puestos de toma de decisión, la falta de autonomía en relación con los derechos sexuales y reproductivos- y que sostienen una cultura de subordinación y violencia.
En noviembre de 2017 nuestro país dio un paso fundamental hacia la erradicación de la desigualdad en ámbitos políticos con la sanción de la Ley de Paridad, que establece que las listas electorales deberán estar conformadas por un 50% de personas de cada sexo. La diversidad de experiencias, trayectorias, perspectivas y procedencias que promueve la paridad fortalece la calidad de nuestras democracias, al tiempo que amplía la agenda de derechos. Al igual que otras conquistas recientes -como la Ley Integral de Protección o la Ley de Educación Sexual Integral- la paridad no fue un logro individual, sino un trabajo colaborativo y articulado entre legisladoras de diferentes fuerzas políticas.
Sin embargo, como mostró la experiencia de la Ley de Cupo Femenino (vigente desde 1991), el reconocimiento normativo no es suficiente para garantizar los derechos políticos de las mujeres. Para que la paridad en las listas se convierta en paridad en el ejercicio real del poder es necesario erradicar las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso y permanencia en los cargos. Un obstáculo largamente invisibilizado es la violencia machista en política, que de acuerdo a un relevamiento reciente de ELA afecta a 8 de cada 10 mujeres, y que se manifiesta principalmente a través de agresiones verbales, insultos, humillaciones y la reproducción de estereotipos.
Por otro lado, los incumplimientos registrados en la implementación de la Ley de Cupo y la deficiente actuación de la justicia electoral manifiestan la importancia de ejercicios de monitoreo por parte de la ciudadanía. Bajo esta convicción recientemente se creó Ojo Paritario, un espacio conformado por representantes de partidos políticos, organizaciones feministas, activistas y académicas, cuyo objetivo es realizar análisis y exigir la efectiva implementación de la ley de paridad, a nivel nacional y provincial. Desde ELA nos sumamos a este esfuerzo colectivo para monitorear y exigir el cumplimiento de la ley.
Para lograr la igualdad en la vida política es necesaria una transformación cultural de los partidos políticos, acompañada por un compromiso auténtico más allá de las exigencias normativas. Un aspecto determinante para el acceso a cargos de representación es el encabezamiento de listas, especialmente en escenarios de fragmentación electoral. Actualmente sólo 2 de cada 10 están encabezadas por mujeres. Sólo cuando las mujeres encabecen el 50% de las listas, la paridad dejará de ser un anhelo para convertirse en una realidad.
(*): Magister en Democracia y Buen Gobierno en la Universidad de Salamanca. Directora Adjunta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).