por Celeste Rodas
Los chicos están bien pero encerrados es la impresión que se lleva el visitante del cuestionado Refugio Temporal para Niños Migrantes No Acompañados de Homestead (sur de Florida, Estados Unidos) cuando las puertas se cierran detrás de él.
En este lugar eufemísticamente llamado refugio viven 1.200 chicos y chicas de 13 a 17 años, que pronto serán 2.350, pues está previsto duplicar su población.
A la polémica por el hecho de que estos menores que entraron sin sin permiso a Estados Unidos estén privados de libertad se suman las denuncias acerca de los abusos sexuales a los que están expuestos.
El representante demócrata Ted Deutch afirma que del 2014 al 2018 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos recibió más de 4.500 quejas de abuso sexual en contra de menores migrantes no acompañados.
Pero, según Leslie Wood, directora del programa en Homestead, desde que el albergue reabrió en junio del 2018 no ha habido casos de “niños que abusen de otros” ni de “personal que abuse de un niño”.
“Nuestro lema es ‘cero tolerancia’ y cuando digo cero, es cero”, afirmó a los periodistas que visitaron el centro esta semana.
Wood asegura que cuando los menores ingresan a este centro administrado por una empresa privada se les da una sesión de orientación en la que se les estimula a denunciar cualquier conducta o contacto inapropiado.
Y, aunque duermen en enormes dormitorios de literas, ella asegura que hay un custodio por cada 12 niños.
El mensaje es reforzado por enormes carteles en los pasillos y áreas en común que promueven no quedarse callado ante cualquier tipo de abuso.
Los adolescentes que viven en Homestead vienen en su mayoría de Centroamérica (más del 40 por ciento es de Guatemala) y México, un 40 % tienen 17 años y un 72 % son hombres.
Algunos sufrieron violencia de pandillas, otros fueron violados, ya sea en sus países de procedencia o en la travesía, y otros huyeron por la pobreza.
También hay víctimas de tráfico humano. Hay quienes llegan con enfermedades venéreas, también jovencitas embarazadas, otros presentan síntomas de depresión y, aunque parezca increíble, un buen número se siente agradecidos de estar aquí, aunque sin libertad.
“Veo que muchos sienten un alivio al entrar”, dijo uno de tres empleados que EFE entrevistó antes de este tour, pero que pidieron que su nombre no fuera revelado.
“Es natural porque pasaron muchos días caminando, pasaron hambre o vienen de países en donde eran abusados o no tenían qué comer y, al venir al ‘shelter’ (refugio) encuentran que por fin tienen una cama y comida”, dijo.
Otro de esos empleados dice que “les dan una atención médica envidiable. Si dicen ‘me duele un dedo’ enseguida los ve un médico. Tienen dentista, sicólogo y si hay que llevarlos al hospital se los lleva”.
Durante el recorrido el visitante piensa que, si no fuera por las mallas de alambre, que además están cubiertas para impedir la visibilidad, uno podría decir que está en una especie de campus estudiantil.
Los niños alegremente saludan con un “good morning” a los que llegan y entusiasmados practican sus primeras frases en inglés, mientras afuera otros se entregan alegres a un partido de fútbol.
Sin embargo, es un hecho que todo esto sucede dentro de un ambiente cerrado. Su horario comienza las 6 de la mañana y no termina hasta las 10 de la noche.
Solo pueden usar el teléfono diez minutos dos veces a la semana y, si su familia logra reunir dinero para viajar a Florida, puede visitarlos una vez a la semana.
Sin embargo, la mayoría son muy pobres y no tiene esos medios.
Cada joven tiene la ayuda de un asesor sicológico y un administrador de su caso. El primero los apoya emocionalmente y el segundo pelea para sacarlos de allí lo más pronto posible.
Si se comprueba que tiene un familiar responsable, sin antecedentes delictivos, en Estados Unidos el menor puede salir en una semana o menos.
Sin embargo, la estancia promedio era hasta hace dos semanas de 67 días. “Se ha reducido a 58, y estamos tratando que cada vez sea menor”, aseguró Mark A. Weber, representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Desde 1997 un acuerdo judicial otorga garantías a los menores de edad detenidos luego de intentar ingresar a Estados Unidos sin sus padres. Es el llamado acuerdo Flores que establece un plazo máximo de 20 días para tener detenido a un menor.
“El día que se cierra su caso”, dijo uno de los empleados, “se le da la noticia en la cafetería o en su aula de clases. Todos aplauden y es una celebración muy bonita”.
Aunque reconoce que eso también puede ser una fuente de tristeza para aquellos que se quedan.
En ese caso el niño queda en una especie de limbo que puede convertirse en infierno si cumple los 18 años, porque entonces debe ser trasladado a un centro de detención para migrantes adultos.
“He visto a niñitas de 18 años recibir esa noticia” y, cuando se las llevan, están esposadas de manos y pies y encadenadas por la cintura, asevera la abogada Lisa Lehner, directora de Litigios de Americans for Immigrant Justice.
A su juicio, “el gobierno de Estados Unidos está violando claramente la ley. Esta dice que ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) debe enviar a estos niños al ambiente menos difícil y deben buscar otras alternativas, pero no lo está haciendo”.
En el refugio de Homestead hay dos equipos de administradores de caso especialmente concentrados en adolescentes a los que les faltan tres meses para cumplir 18 años: “De 6.300 casos que hemos manejado, solo 98 han llegado a esa fase. Creo que esa cifra dice mucho”, dice Weber.
EFE.