Dos hombres están imputados por falsificación de instrumento público y estafas reiteradas, en 62 casos en los que vendieron lotes sin contar con derecho alguno para realizar las transacciones.
Los hombres acusados de haber cometido una serie de estafas al vender terrenos de los cuales no tendrían ningún tipo de derecho, y que un heredero de Peralta Ramos reclama como propios, irán a juicio.
En total, el fiscal David Bruna les imputó al poseedor de esos terrenos, F.R.D. y al martillero M.R.F. 62 casos de falsificación de documentos públicos y estafa.
Se tratan de unos terrenos que la familia Somoza Peralta Ramos tiene en la zona sur de la ciudad y que, hace unos 60 años, el padre de F.R.D. utilizó para que sus animales pastaran y ubicó un tambo.
El fiscal David Bruna puso en evidencia que F.R.D. y M.R.F. realizaron un contrato “irrisorio” en el que el primero le cedía la explotación de 202 lotes por la suma de 996 pesos cada uno, es decir a un total de 201.192.
A partir de ese contrato, el martillero y el poseedor, en 2017 comenzaron a vender los terrenos a diferentes personas. Para graficar estos hechos, una mujer compró uno de esos terrenos a 145.000 pesos. Es decir, que una sola venta tuvo casi el valor de la totalidad de los 202 terrenos.
La mecánica se repitió en cada caso: para el fiscal los imputados se apoyaron en documentos falsos para concretar las operaciones, convocaban a los compradores a inmobiliarias o estudios jurídicos, confeccionaban una puesta en escena que diera confianza y así inducían al error a las víctimas, generalmente personas de escasos recursos y sin grandes conocimientos de este de negocios, quienes en la conciencia de estar realizando operaciones legítimas y seguras, realizaban pagos en favor de los acusados.
Para quienes compraron estos terrenos es una situación al menos angustiante. Para los investigadores, aunque en un principio se sospechó que podrían ser usurpadores, se trata de víctimas de estafa, ya que mostraron documentos de compra venta, realizados con “buena fe”. Sucede que independientemente de cómo quede el dominio de esos terrenos, la Justicia Civil deberá intervenir, ya que las víctimas entregaron dinero y comenzaron a construir viviendas en esos lugares que no les pertenecen.
El delito de estas ventas habría comenzado con la falsificación de instrumentos privados y luego quedaría enmarcado en 62 hechos de estafas, todas en concurso real, lo que podría significar una pena elevada en el caso de llegar a una condena.
“Los imputados procedieron a la confección del espurio documento en cuestión, el contrato de cesión de derechos y acciones respecto a los lotes de los barrios San Patricio y San Carlos que luego fueron comercializados fraudulentamente, mediante el cual pretendieron dar un falso sustento jurídico basado en la presunta posesión de todos los terrenos”, explicó el fiscal Bruna.
Un tambo y la posición desde “tiempos ancestrales”
El poseedor, F.R.D., explicó que los terrenos pertenecientes a Peralta Ramos se tratan de zonas descampadas que su familia utiliza desde “tiempos ancestrales”, en los que su padre hacía pastar a caballos en un emprendimiento. Sin embargo, para el fiscal eso carece de validez jurídica y no hay registros de que hubiese iniciado los trámites por usucapión de los terrenos.
Según declaró el imputado, los lotes que pertenecían a la familia Somoza Peralta Ramos fueron vendidos a la familia de F.R.D. en 1956 y que, por ende “ya no tienen derechos y toda la venta está documentada”.
Los imputados explicaron que en esas tierras, la familia F.R.D. instaló desde los cincuenta un tambo, que es explotado y utilizado hasta el día de hoy en el lugar.
Por otra parte, los imputados aseguraron que han iniciados los trámites de usucapión por los terrenos y remarcaron que toda venta de lotes realizada fue “respaldada por documentación original, y no apócrifa como sostienen los investigadores”.
Argumentos acusatorios
El representante de la Fiscalía de Delitos Económicos consideró que no existen elementos suficientes que den sustento a las afirmaciones del imputado, en el sentido de que sus derechos surgirían de la posesión material de los terrenos derivada porque su padre pastaba sus animales en ese lugar.
“Pese al gran tiempo transcurrido entre el momento en que se alega el inicio de los actos posesorios, no existen procesos por usucapión iniciados con anterioridad a esta denuncia”, consideró Bruna y agregó luego de iniciada la investigación, los imputados iniciaron 183 acciones civiles por prescripción en relación lotes de la zona, que se encuentran en similares condiciones, “claramente con la intención de brindar a posteriori algún respaldo jurídico a derechos inexistentes”.
“La alegada pretensión posesoria es ficticia y resulta evidente, por falta del poder de hecho sobre los lotes que la ley exige. Basta señalar como ejemplo los lotes de las manzanas aledañas al Cuartel de Bomberos, en tanto que era la propia Sociedad de Fomento del barrio la encargada de su mantenimiento y del desmalezamiento de los baldíos”, expuso Bruna al firmar el pedido de elevación de la causa a juicio.