La decisión no será de cumplimiento inmediato ya que primero deberá acondicionarse el inmueble que apareció saqueado en los últimos días.
BUENOS AIRES.- El juez Pullen Llermanos otorgó esta noche la prisión domiciliaria en la casa de El Carmen, con tobillera electrónica y estrictas restricciones, a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, pero la decisión no será de cumplimiento inmediato ya que primero deberá acondicionarse el inmueble que apareció saqueado en los últimos días.
Pullen Llermanos dispuso que la efectivización de la prisión preventiva tendrá lugar “dentro del plazo de 15 días hábiles, desde la notificación de la resolución a los organismos que se estimen competentes para la tarea de refacción, y puesta a punto de la faz interna y externa del inmueble”.
Las nuevas condiciones de detención de Sala, detenida en el penal de Alto Comedero desde enero de 2016, se deben a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, tras una visita al país.
No obstante, el juez indicó que si la defensa de Sala propusiere el acondicionamiento interno en un plazo menor, teniendo en cuenta que la semana que viene dos días serán feriados, uno nacional y otro provincial (lunes y miércoles), el cumplimiento de la medida se realizará de inmediato al momento en que el magistrado constate la finalización de tales tareas.
En los fundamentos de la resolución, el magistrado expresó que si bien “no hace lugar a la figura de prisión domiciliaria, hace viable y se expide en los efectos prácticos en igual sentido que el juez de Control Nº 3, Gastón Mercau, disponiendo el mantenimiento de la preventiva en iguales condiciones pero ordenando un mero cambio de lugar físico”.
“Si bien la recomendación de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento, para fallar en el sentido indicado se hizo eco del supuesto riesgo de vida de Sala que para la Comisión existiría en las condiciones actuales de alojamiento”, argumentó.
Entre las medidas impuestas, el juez ordenó que la custodia perimetral del inmueble se encuentre a cargo de Gendarmería Nacional, y que el control y monitoreo del dispositivo electrónico sea realizado por el Patronato de Liberados y Menores Encausados de la Provincia.
Estableció, asimismo, una serie de reglas de conducta de cumplimiento obligatorio, con expreso apercibimiento de revocación inmediata de la modalidad de prisión preventiva.
Entre ellas, que sólo podrán ingresar en el inmueble sus parientes consanguíneos y afines, cuyo parentesco deberá ser acreditado mediante una presentación previa; que sólo podrán ingresar hasta cuatro personas a la vez y en el horario de 7 a 19, los martes, jueves y sábados, con un límite máximo de veinte personas por cada día de visita, y que las mismas deberán dejar fuera de la vivienda accesorios y aparatos electrónicos.
Por otra parte, la imputada deberá someterse a un control médico y psicológico dos veces a la semana, el cual estará a cargo del Departamento Médico del Poder Judicial y, en caso de resultar necesario su traslado, el mismo tendrá lugar con autorización judicial y con personal y vehículo de Gendarmería.
Asimismo, el magistrado apuntó que la procesada podrá circular libremente dentro del perímetro de la propiedad, y que tanto Sala como los visitantes no podrán consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes.
Milagro Sala fue detenida en enero de 2016 acusada de impedir la circulación del tránsito con un campamento que montó durante 52 días en torno a la Casa de Gobierno, tras la asunción del gobernador Gerardo Morales.
Si bien la Justicia dispuso su liberación por ese caso, ordenó inmediatamente un nuevo arresto por una causa por fraude a la administración pública, acusándola por asociación ilícita y extorsión.
Además, la dirigente enfrenta actualmente otras causas por amenazas, tentativa de homicidio y lesiones graves.
La prisión preventiva de Sala fue objetada por la ONU, la OEA y organismos de derechos humanos, que consideran a la referente social una “presa política” y sostienen que su detención es “arbitraria”.
En este marco, la CIDH visitó a Sala el 16 de junio pasado en el penal jujeño de Alto Comedero, con el objetivo de determinar las condiciones de su detención.
Casi un mes después de esa visita, el organismo emitió un dictamen en el que instó a que la líder de la Tupac Amaru abandone la cárcel y continúe su prisión preventiva bajo arresto domiciliario, medida que finalmente fue confirmada hoy.