Tiene por objetivo fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y en consecuencia lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor.
Agrupaciones de consumidores afirmaron que el proyecto de Ley de Góndolas, que será tratado en sesiones extraordinarias en el Senado los primeros días de febrero, permitirá diversificar la oferta de productos e impulsar los precios a la baja, mientras que desde el sector supermercadista sostuvieron que será contraproducente y que el problema a combatir es la concentración de la industria proveedora.
“La Ley de Góndolas lo que hace es mejorar la competencia y la realidad es que las grandes marcas y empresas monopolizan las góndolas. Va a poner más reglas del juego frente a la situación que estamos viviendo que es bastante complicada”, dijo a Télam la presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua), Sandra González.
En ese sentido, aseguró que “el día que en este país haya competencia leal y real los precios bajan; el problema son los monopolios”.
La Ley de Góndolas fue aprobada en noviembre en Diputados con el 70,8% de votos afirmativos y será tratada en sesión extraordinaria en el Senado en los primeros días de febrero, a partir de la ampliación del temario que introdujo la semana pasada el Gobierno nacional.
Fuentes del supermercadismo señalaron a Télam que, de acuerdo a los fundamentos que dieron lugar al proyecto, “el diagnóstico de la situación es que la culpa de los altos precios la tiene la concentración de la industria proveedora” y advirtieron que en ese caso “la solución de manual tiene que ser impulsar procesos de desinversión de las empresas” que concentran la industria.
“Sin embargo la solución es reglamentar la exposición de productos en algo que afecta a una décima del mercado total de bienes de consumo masivo, sólo a 13 cadenas de supermercados que representan 25% del mercado. De esta forma los productos se van a seguir comprando, esto no va a solucionar el problema”, aseguraron.
Además, las grandes cadenas de supermercados dudaban que las pequeñas empresas puedan abastecer la demanda a gran escala porque, según distintos voceros, “necesitamos proveedores que tengan escala, hay que ver cómo van a resolver las Pymes cuando les pidan más mercadería para cumplir la ley”.
En este contexto, aseguraron que será “un perjuicio al sector supermercadista y no va a traer los beneficios esperados” porque “habrá capital de trabajo inmovilizado y productos que no tiene rotación ocupando la góndola”.
“Tenemos la esperanza de que haya una cuota de racionalidad en el Senado”, afirmaron.
Según la presidenta de Adecua, “los supermercados se resisten porque no quieren el control”, y aseguró que “hoy el consumidor ha cambiado hábitos de consumo, están muy atentos y saben los precios, saben de marcas y pueden comprar una marca que no sea de primera línea”.
“Esto va a permitir que pymes que en muchas oportunidades no pueden entrar al mercado lo hagan”, aseguró González.
En la misma línea, el dueño del mayorista Maxiconsumo, Víctor Fera, dijo a Télam que “la ley es en beneficio de los consumidores, va a haber más competencia y van a bajar automáticamente los precios”.
“Los supermercados van a tener que bajar los precios porque van a tener que competir también. Va a haber más trabajo, más cantidad de pymes trabajando y sumando gente”. proyectó.
Fera aseguró que “las cadenas no van a perder nada porque van a vender productos; qué interés tienen que sea de una u otra empresa. Hay marcas muy buenas que hoy no están en el mercado porque alguien decidió, pero no el consumidor”.
“No va a faltar mercadería, va a haber de todo y el consumidor se va a encontrar beneficiado. Si alguien dice que el consumidor no va a ser beneficiado es porque ellos se quieren beneficiar solamente”, señaló.
En tanto, CAME expresó en un comunicado su apoyo a la Ley de Góndolas al calificarla como “un instrumento decisivo no sólo para el consumidor, sino también para las pymes, porque además del espacio en la góndola se busca también evitar aquellas prácticas abusivas que por muchos años tuvieron lugar”.
La semana pasada, el presidente Alberto Fernández dijo que había “pedido que se incorpore en el Senado el tratamiento de la ley de góndolas” y agregó que desde el Gobierno nacional están “siguiendo de cerca la evolución de los precios”.
“La pelea de los precios la vamos a dar de cualquier modo”, advirtió el mandatario.
Principales puntos del proyecto
El proyecto de Ley de Góndolas propone una serie de medidas para el fomento de la competencia en los estantes de los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.
Además, establece que en las categorías alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador las marcas de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 40% de la góndola en el primer año de implementación de la medida, y no más del 30% a partir del segundo año.
Esto tiene por objetivo fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y en consecuencia lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.
Asimismo, establece que el plazo máximo de pagos de 90 días y que los proveedores podrán aplicar intereses en caso de pagos realizados fuera de término; que los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo, ni podrán aplicar a los proveedores retenciones económicas o débitos unilaterales.
Por otra parte, en la negociación contractual no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.
Los establecimientos deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.
La normativa, que deberá implementarse en un plazo de 60 días en caso de ser aprobada en el Senado, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26% de la cadena comercial del país.
Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos – canales de venta que concentran alrededor de 70% de las ventas minoristas-, quedarán excluidos.
Al expresar su apoyo, CAME señaló algunos “puntos a incluir en la futura reglamentación para acentuar la proyección de las PyMES proveedoras de los supermercados”: del 25% de presencia de productos de pymes previsto en la ley, CAME solicita establecer un mínimo de 3 empresas proveedoras por categoría.
Propuso también que el plazo de 60 días previsto para el pago a pymes implique la acreditación efectiva de los valores en ese momento y no la entrega de un instrumento de pago diferido que aplace dicho período; y esquemas logísticos flexibles y adecuados para las pymes, a fin de evitar condicionamientos por parte de los supermercados.