por Guillermo Castello
Hemos presentado esta semana un proyecto de ley completamente novedoso, que viene a reparar una injusticia histórica con las víctimas de delitos penales y a promover un cambio de paradigma en la temática.
En la actualidad no se escucha a la víctima de un delito cuando la persona condenada por el mismo solicita libertad condicional, libertad asistida, detención domiciliaria o cualquier otro beneficio a cumplirse total o parcialmente en libertad.
Más aún, lo normal es que la víctima se entere de la libertad de su victimario de manera tardía e informal, porque lo leyó en alguna red social, se lo cruzó en la calle o, en el peor de los casos, porque vuelve a ser su víctima.
Con nuestro proyecto presentado recientemente en la Cámara de Diputados provincial venimos a cambiar de raíz tal situación, proponiendo reformas legislativas en el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución Penal provinciales, reformas que básicamente consisten en lo siguiente:
1.- Se notifica al particular damnificado (la víctima con patrocinio de su abogado) el cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta al condenado, la concesión de la libertad condicional o cualquier otro beneficio a cumplirse total o parcialmente en libertad
2.- Se le da intervención al particular damnificado en todo procedimiento en el que se debate alguna cuestión relativa al cumplimiento de la pena
3.- Se habilita al particular damnificado a apelar la decisión que tome el juez de ejecución penal
4.- Se notifica al particular damnificado el cómputo final de la pena, con expresa indicación de la fecha de detención y libertad del condenado
5.- Se habilita al particular damnificado a pedir la revocatoria de la libertad condicional concedida
6.- Se incorpora al particular damnificado en las audiencias públicas que se realicen para resolver sobre salidas transitorias, libertad asistida, libertad condicional y cese provisorio o definitivo de las medidas de seguridad
7.- Se le da intervención al particular damnificado en los pedidos de detención domiciliaria.
Esta nueva cosmovisión de la problemática penal, en la que venimos trabajando hace un tiempo y que se encuentra en línea con lo propuesto por la Gobernadora María Eugenia Vidal, la víctima deja de “ser de palo” en la etapa de ejecución de la pena.
La aprobación del proyecto generará un mayor control de la justicia penal en general y en particular de la concesión de beneficios a condenados, brindará certeza a las víctimas sobre las fechas de liberación de sus victimarios y los legitimará para oponerse al otorgamiento de beneficios, pedir la revocación de los mismos y/o apelar las resoluciones que se dicten al respecto cuando existan hechos, información o argumentos pertinentes.
Adicionalmente, al encontrarse las víctimas permanentemente informadas de la situación del victimario, el proyecto les permitirá también tomar los recaudos que crean convenientes a los efectos de su seguridad personal y familiar.
No existen antecedentes en las leyes procesales y de ejecución provinciales y a nivel nacional existe ya una figura incipiente, pero restringida a ciertos delitos puntuales de índole sexual y limitada a notificar a la víctima de ciertos pedidos determinados, de modo que nos propusimos ser ambiciosos y presentar una propuesta superadora que amplíe las facultades procesales de las víctimas y las extienda a todos los delitos.
Confiamos en una aprobación que convierta a nuestra provincia en pionera en la protección y legitimación de las víctimas de la inseguridad.
(*): Diputado nacional por Cambiemos.