por Ceferino Reato
Cuarenta años atrás, los militares habían acumulado tanto poder que dieron el golpe de Estado que derrocó a la presidenta Isabel Perón cuando quisieron aunque sin saber todavía “qué hacer con todas las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”.
“Nosotros no tomamos esa decisión antes del golpe sino cuando se nos presentó el problema de qué hacer con esa gente, que no podía ser fusilada públicamente ni tampoco podía ser condenada judicialmente”, me dijo el ex dictador Jorge Rafael Videla en una de las entrevistas que le realice entre octubre de 2011 y marzo de 2012.
Videla murió en 2013 sin que ningún otro periodista argentino lo haya entrevistado. Ahora, la edición definitiva de mi libro Disposición Final muestra la importancia de que el ex general no se haya muerto sin confesar cómo fue, por dentro, su dictadura, en especial qué pasó con los miles de desaparecidos.
“Pongamos -dijo Videla- que eran 7000 u 8000 las personas que debían morir. Necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.
La represión estaba descentralizada; el país había sido dividido en zonas a cargo de un jefe militar, que era amo y señor de la vida y la muerte en su territorio.
Luego del golpe de Estado, cada uno de estos jefes ensayó distintas artimañas para disimular esos asesinatos. Por ejemplo, fraguaban una fuga de presos que, en realidad, eran ejecutados alevosamente durante el traslado de un penal a otro.
Pero, la repetición de esos crímenes encubiertos comenzó a levantar sospechas.
“La solución -reveló Videla- fue apareciendo de manera espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando. Casos espontáneos pero que no eran decididos por un joven oficial recién recibido; no, casos que eran ordenados por un capitán que, a su vez, recibía la orden del comandante o jefe de Zona”.
“Yo sabía todo, yo avalé todo“, enfatizó.
Videla sostuvo que, en realidad, los desaparecidos “venían del gobierno peronista”, en referencia a los decretos firmados en octubre de 1975, seis meses antes del golpe de Estado, que delegaron la lucha contra las guerrillas en las Fuerzas Armadas.
A partir de octubre de 1975 y hasta el 24 de marzo de 1976, hubo desaparecidos en todo el país. Solo en Córdoba fueron detenidas o secuestradas 69 personas que siguen desaparecidas.
“Esos decretos nos dieron licencia para matar, para aniquilar al enemigo”, dijo, en una interpretación de esos tres polémicos decretos que es rechazada por el peronismo y que tampoco fue avalada en los juicios a los comandantes, en 1985.
La edición definitiva de Disposición Final incluye un prólogo en el que revelo la trastienda de esas entrevistas y rebato las críticas a este libro que, en 2012, cuando salió la versión original, provocó una intensa polémica. Incorpora, además, nuevos documentos y una serie de fotos que permiten una lectura visual de la dictadura.
Aunque varios políticos y periodistas kirchneristas criticaron que hubiera entrevistado a Videla, el libro fue anexado en distintos juicios de lesa humanidad como prueba del plan sistemático para asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de miles de personas.
Videla fue jefe del Ejército hasta mediados de 1978 y presidente del país hasta marzo de 1981, cuando fue reemplazado por su aliado y amigo, el general Roberto Viola.
Disposición Final también se refiere a temas polémicos de la dictadura como la relación de los militares con los empresarios, la Iglesia Católica, Estados Unidos, la Unión Soviética, la prensa, los escritores, el peronismo, el radicalismo y el Partido Comunista. Y a los preparativos del golpe de Estado; la prisión de Isabel Perón; la interna con el almirante Emilio Massera, jefe de la Armada; el Mundial de Fútbol de 1978; el conflicto con Chile por la zona del Canal de Beagle; el Caso Timerman, y los preparativos para la Guerra de Malvinas.
DyN.